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Alcalde de San Carlos fue destituido por falta a la probidad y abandono de deberes

Entre las acusaciones formuladas por los concejales Lucrecia Flores (PS), Mario Sabag (DC) y Jorge Silva (UDI), y que le imputan 18 cargos a la autoridad comunal están compras de terreno sin licitación pública y contratación de familiares directos de su pareja.
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Por contravención grave a las normas de probidad administrativa y notable abandono de deberes en el ejercicio de sus funciones, el alcalde de San Carlos, Hugo Gebrie Asfura (RN), fue destituido de su cargo este jueves.

La decisión del Tribunal Electoral Regional del Biobío se dio luego que éste acogiera la denuncia  interpuesta por los concejales Lucrecia Flores (PS), Mario Sabag (DC) y Jorge Silva (UDI), y la resolución constó de 18 cargos en contra del jefe comunal.

El organismo estableció que “los cargos que se le formulan al alcalde, del 1 al 8 corresponden a infracción grave a la probidad administrativa por vulneración principalmente de normas de la Ley 18.575. Los cargos 9 al 18 son esencialmente por notable abandono de deberes”.

Entre las acusaciones formuladas están compras de terreno sin licitación pública y contratación de familiares.

Según dicta el fallo, “la autoridad comunal, desoyendo el mandato del Tribunal Electoral, ha incurrido posteriormente a dicho fallo, y en forma permanente, en conflictos de interés, toda vez que ha aumentado considerablemente el número de incorporaciones de familiares directos de su pareja, doña Nayaret Domínguez Aguilera, o amistades coligadas a la familia Domínguez Aguilera, lo que afectó la debida imparcialidad que exigía el ejercicio de su cargo, otorgando a estas mismas personas además privilegios arbitrarios”.

El dictamen de 678 páginas advierte que “hubieran bastado solo algunos de los cargos acreditados para dar lugar a la reclamación, no obstante este tribunal en cumplimiento de la normativa legal se ha pronunciado sobre todos ellos”.

La destituida autoridad municipal quedará inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por cinco años.

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