El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), se refirió a la decisión tomada el jueves por la Corte de Apelaciones de San Miguel de cambiar la medida cautelar del ex jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera, de prisión preventiva a arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras ser imputado por delitos de corrupción.

Toro declaró a Radio Cooperativa que “me ha tocado heredar una municipalidad quebrada, con vínculos directos con el narcotráfico al interior del aparato público, donde un alcalde se aprovechó y, además, hizo negocios dentro de la municipalidad, y hoy día pareciera que se va para la casa a esperar el fallo, lo que no nos tiene satisfechos. Nos tiene un poquito inquietos, incluso”.

“Tenemos mucha esperanza de que se pueda llegar a un juicio abreviado, a pesar de que he escuchado declaraciones de la defensa de Miguel Aguilera donde parece que desconoce el acuerdo con que habría llegado con la Fiscalía”, manifestó.

El alcalde indicó que “espero que reconozca los delitos que cometió, principalmente cohecho reiterado, que va a ser el abreviado que se espera el lunes, y que podamos ir avanzando”.

Agregó que “la señal que debemos dar como país debe ser clara, sobre todo cuando la institucionalidad y los políticos estamos cuestionados, todos. La gente no nos cree mucho, por lo tanto, hay que dar señales claras y no equivocarse en eso”.

Aseguró que “si no llega a haber un juicio abreviado, creo que vamos a ir inmediatamente a solicitar que se revise la medida cautelar, porque no se cumplieron principalmente con los antecedentes que señala el fallo de la Corte de Apelaciones, por lo tanto, existe la posibilidad de que Miguel Aguilera vuelva a la cárcel”.

Toro recalcó que “en el caso de los otros dos delitos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero -y espero también que se le reformalice por fraude al Fisco-, (espero que) en los próximos días también se pueda dar señales y, por qué no decir, que se llegue a un juicio oral y, por ejemplo, en el caso de fraude al Fisco pudiera tener penas de cárcel, como el caso de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo”.

“Esas personas que lo acompañaron, que eran unos 15 o 20 personas, que son muy cercanas de su círculo político y de la gestión pasada, a algunos los hemos podido desvincular, contra otros nos hemos querellado y otros están con licencia y no hemos podido hacer casi nada”, informó el alcalde.

Denunció que “constantemente estamos siendo amenazados por ellos. Nos ofenden en redes sociales, nos han venido a rayar la municipalidad y me han tratado de lanzar piedras en eventos públicos”.

Añadió que “hemos desvinculado a aproximadamente a unas 500 personas. Lamentablemente, la Contraloría nos hizo reincorporar a unas 40 o 45 personas que están directamente vinculadas. Por la naturaleza del contrato, porque ya llevan más de dos años trabajando en la Municipalidad de San Ramón, para la Contraloría existía la ‘legítima confianza’ como le denominan y, por lo tanto, pasa a ser un contrato indefinido y uno no puede despedirlo nomas, salvo que sea por un sumario. Y en eso estamos”.

Sobre las amenazas en su contra, se le preguntó si teme por su vida, a lo que respondió “todos los días, pero me han cuidado harto. Estoy hace un año y medio con PPI (Protección a Personas Importantes de Carabineros) 24/7 y estamos trabajando”.