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Amnistía Internacional: Chile mantiene deficiencias en temas de DDHH

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p>En su informe 2015-2016, la organización Amnistía Internacional detectó que se mantienen deficiencias en la situación de los derechos humanos en Chile, aunque también da cuenta de avances en temas puntuales.

La entidad, con sede en Londres, destacó que los casos de violencia policial seguían siendo juzgados por tribunales militares y que el aborto seguía estando penalizado en todas las circunstancias.

Por el contrario, el informe cita algunos cambios en situaciones que vulneran los derechos fundamentales como avances en procesos judiciales, la tramitación de una ley compensatoria para quienes vivieron la tortura durante la dictadura y la entrada en vigencia del Acuerdo de Unión Civil.

A continuación, el texto completo del capítulo sobre Chile que Amnistía Internacional publicó este miércoles, al igual que respecto de los otros países del mundo.

INFORME

En octubre, la presidenta Bachelet anunció el proceso que se iba a seguir para promulgar una nueva Constitución en 2017. La Constitución vigente se había aprobado durante el gobierno militar del general Pinochet y, para muchas personas, no era congruente con un sistema democrático.

Durante el año se investigaron acusaciones de corrupción política que implicaban a varias autoridades.

Fuerzas de seguridad y sistema de justicia militar

Los casos de violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad seguían siendo juzgados por tribunales militares, a pesar del compromiso público de las autoridades de reformar la legislación pertinente. No obstante, la Corte Suprema, en algunos casos específicos, confirmó el derecho al proceso debido y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando decidió remitir dichos casos a la jurisdicción de tribunales ordinarios.

En mayo, la Corte Marcial (tribunal de apelación en el sistema de justicia militar) redujo a 461 días la condena de 3 años y 61 días de prisión impuesta a un ex carabinero por causar la muerte por disparos a Manuel Gutiérrez Reinoso, de 16 años, y herir a Carlos Burgos Toledo durante una manifestación en 2011. La Corte Marcial ignoró las conclusiones del tribunal militar que sostenían que los carabineros habían tenido a su disposición medios que no implicaban el uso de armas de fuego para dispersar a los manifestantes y, en vez de ello, declaró que no se podía probar la intención del agente de causar daño. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema en diciembre.

Hubo algunos avances en la investigación sobre la muerte bajo custodia policial de Iván Vásquez Vásquez, ocurrida en 2014 en Chile Chico, región de Aysén. En vista de las discrepancias entre las dos autopsias anteriores, su familia solicitó que se llevara a cabo una tercera, más exhaustiva. En julio, la Corte Marcial accedió a esa petición, pero al finalizar el año la nueva autopsia todavía no se había efectuado.

Los tribunales ordinarios se ocuparon de algunos casos de violencia policial. Entre ellos se encontraban el de Nelson Quichillao, un minero que murió por disparos de las fuerzas de seguridad durante una manifestación celebrada en julio en El Salvador, región de Atacama, y el del estudiante de 28 años Rodrigo Avilés, que resultó herido de gravedad por un cañón de agua de la policía en mayo. Al concluir el año, continuaban las investigaciones sobre estos casos.

En septiembre, el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación pidió a las autoridades que pusieran fin al uso de tribunales militares para juzgar casos de violaciones de derechos humanos.

Impunidad

Se siguieron adoptando medidas para poner a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Según el presidente de la Corte Suprema, en marzo había 1.056 causas en curso, de las que 112 respondían a denuncias de tortura. Los datos oficiales del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indicaban que 72 de las 122 personas que entre 2014 y septiembre de 2015 habían sido declaradas culpables de violar derechos humanos estaban cumpliendo penas de prisión.

No obstante, las organizaciones de víctimas condenaban la lentitud de los progresos en cuanto a establecer la verdad sobre los miles de víctimas de desaparición forzada.

La información y la documentación recopilada por la Comisión Valech sobre la tortura y el encarcelamiento por motivos políticos durante el régimen de Pinochet seguía clasificada como confidencial, incluso para la judicatura, por lo que durante 50 años seguiría siendo secreta y sin estar a disposición de quienes reclamaban justicia para las víctimas.

En octubre, tras 40 días de huelga de hambre de algunas víctimas de tortura, se aprobó una ley que concedía indemnizaciones económicas tempranas a las víctimas de tortura y de encarcelamiento político.

En julio, 10 ex militares fueron acusados de secuestrar y matar al cantante y activista político Víctor Jara en 1973.

A raíz de la información entregada por un militar, otros siete ex militares fueron acusados en julio de quemar vivo a Rodrigo Rojas, de 19 años, y de herir gravemente a Carmen Gloria Quintana, de 18 años, en 1986.

No se realizaron progresos respecto a la derogación de la Ley de Amnistía de 1978.3

En septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Chile había negado un recurso efectivo a 12 personas condenadas por un tribunal militar entre 1974 y 1975. Sus casos no habían sido anulados a pesar de la existencia de pruebas de que sus confesiones se habían obtenido mediante tortura, y a pesar de que sus denuncias de tortura no se habían investigado.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto seguía estando tipificado como delito en todas las circunstancias.4 Al finalizar el año, estaba pendiente ante el Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando el embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer, cuando fuera consecuencia de violación o incesto, o en casos de malformación fetal severa.

En julio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) instó a Chile a acelerar la adopción de un proyecto de ley para despenalizar el aborto en algunas circunstancias.

Derechos de los pueblos originarios

Se recibieron nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias durante operaciones policiales contra comunidades mapuche.

En julio, el CESCR instó a Chile a garantizar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, con el fin de asegurar su derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con las decisiones que pudieran afectar directamente a sus derechos.

En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para la dirigente mapuche Juana Calfunao y los miembros de su familia que vivían en la comunidad de Juan Paillalef, en el sur de Chile. La decisión se tomó a raíz de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y de las amenazas e intimidación realizadas contra su familia en 2014 y 2015, vinculadas a conflictos sobre tierras.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En octubre entró en vigor la legislación sobre el acuerdo de vida en pareja, que incluía a las parejas del mismo sexo. Al finalizar el año seguía pendiente ante el Senado un proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género que permitiría cambiar el nombre y el género en los documentos oficiales.


AUTOR: César Morales
FUENTE: La Nación
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