Argentina anunció este martes un acuerdo in extremis con sus acreedores para reestructurar deuda por unos 66.000 millones de dólares, que aleja al país de las consecuencias de un default.

“Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de la pandemia”, se congratuló el presidente de centroizquierda Alberto Fernández.

“Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar”, añadió el mandatario en una entrevista en la que estimó que el acuerdo permitirá al país “ahorrarse 33.000 millones de dólares de la deuda asumida en los próximos 10 años”.

El anuncio ocurrió este martes a pocas horas del vencimiento del plazo establecido por el Ejecutivo para adherir a su oferta de canje.

El tiempo para cerrar los detalles de la nueva propuesta será de 20 días, hasta el 24 de agosto.

Luego de meses de difíciles negociaciones en medio de la pandemia del coronavirus, Argentina acordó con “el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores” la reestructuración de su deuda emitida bajo legislación extranjera, añadió el gobierno en un comunicado.

Estos grupos representan a más de la mitad de los titulares de estos bonos.

“TEMA ECONÓMICO SOLUCIONADO”

Las partes, que hasta el lunes se mostraban firmes en sus posiciones, cedieron en varios puntos. La oferta formal de Argentina presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), contemplaba el pago de unos 53,5 dólares por cada 100 de deuda, mientras que los acreedores exigían unos 56,5 dólares por cada 100.

El nuevo planteamiento coloca la recuperación por encima de los 54 dólares por cada 100, y mejora los plazos de pago, explicó una fuente oficial a la AFP.

La mejora se consiguió “adelantando los pagos y sin ceder en el beneficio económico”, destacó a la AFP el analista Sebastián Maril.

“El tema económico está solucionado, falta ver los aspectos legales en detalle”, añadió.

Para la consultora Capital Ecomomics, el acuerdo ayudará a promover la “inversión, negocios y confianza de los consumidores en Argentina en el corto plazo”.

Pero persiste la duda “de que sea suficiente para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública argentina en el mediano y largo plazo”, advirtió.

EL DEFAULT, UN RIESGO PARA TODOS

El Gobierno aceptó adelantar las fechas de pago en los nuevos bonos al 9 de enero y el 9 de julio de cada año, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre como estipulaba la propuesta original, y también corrió el vencimiento de los títulos que serán emitidos para cubrir los intereses devengados en estos meses.

La oferta argentina abarca bonos de 2005 y 2010, fruto de una anterior reestructuración de deuda, y también otros emitidos a partir de 2016.

A lo largo de más de cuatro meses de negociaciones, tanto el gobierno como los acreedores han insistido en que desean evitar las consecuencias de un prolongado default, en el que ya Argentina incurrió el 22 de abril.

Cinco de los bonos sujetos al canje se encuentran en cesación de pagos, pues Argentina incumplió con la cancelación de intereses por 500 millones de dólares en abril y otros 600 millones la semana pasada.

Esa mora permitía a los fondos de inversión que detentan esos bonos acudir a los tribunales en Nueva York para solicitar el pago de la deuda.