El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó las cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo para José Miguel Serrano, ex secretario ejecutivo de Junaeb en 2014 y 2015, tras ser formalizado por fraude al fisco. El tribunal dio un plazo de investigación de 180 días.
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente formalizó a Serrano tras denuncia de empresas que alegaron irregularidades en una licitación, hechos por lo que se querelló el Consejo de Defensa del Estado, en febrero de 2016.
En la acción judicial se acusó a Serrano de abusar de su cargo para intervenir de manera ilícita en todos los procesos de licitación y contratación con las empresas externas para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según la querella, de manera fraudulenta generó “un trato directo que beneficiaba a dos empresas (Verfrutti y Hendaya) a pesar de tratarse de propuestas más costosas para el Estado”, lo que generó sobrepagos de $5 mil millones.
Además, aseguró que “intervino ejerciendo presiones sobre sus subalternos, indicándoles en diversas ocasiones que debían preferir a las empresas Verfrutti y Hendaya por sobre el resto de las empresas participantes”.
Por esto, el CDE acusó que se cometió el delito de fraude al fisco y pidió que si la defraudación excede de 400 UTM ($17 millones), se aplique la pena de presidio menor en su grado mínimo.
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente formalizó a Serrano tras denuncia de empresas que alegaron irregularidades en una licitación, hechos por lo que se querelló el Consejo de Defensa del Estado, en febrero de 2016.
En la acción judicial se acusó a Serrano de abusar de su cargo para intervenir de manera ilícita en todos los procesos de licitación y contratación con las empresas externas para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según la querella, de manera fraudulenta generó “un trato directo que beneficiaba a dos empresas (Verfrutti y Hendaya) a pesar de tratarse de propuestas más costosas para el Estado”, lo que generó sobrepagos de $5 mil millones.
Además, aseguró que “intervino ejerciendo presiones sobre sus subalternos, indicándoles en diversas ocasiones que debían preferir a las empresas Verfrutti y Hendaya por sobre el resto de las empresas participantes”.
Por esto, el CDE acusó que se cometió el delito de fraude al fisco y pidió que si la defraudación excede de 400 UTM ($17 millones), se aplique la pena de presidio menor en su grado mínimo.
