El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la petición de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para que se le otorgue urgencia al proyecto denominado “Aula Segura 2.0”.

La iniciativa busca prohibir cualquier tipo de beneficio estatal en la educación superior a aquellos secundarios, sancionados por actos delictuales. “Si un joven atentó gravemente contra su escuela, y privó a muchos niños de estudiar, sería injusto que esos niños con sus impuestos, dos años después, le tengan que pagar la universidad”, indicó el diputado Jorge Alessandri.

Durante el lanzamiento del Global Teacher Prize Chile, Ávila apuntó a que en la actual legislación y en los manuales de convivencia de los colegios, los protocolos “pueden ser implementados en la medida que se implemente el debido proceso y podamos asegurar el derecho a la educación de niños que, por ejemplo, un establecimiento decida expulsar por distintas razones”.

En esa línea, recalcó que “el derecho a la educación nunca puede ser conculcado, y esa es tarea del Ministerio de Educación”, aclarando que “distinto es lo que pasa dentro de los establecimientos, donde perfectamente se pueden hacer debidos procesos y generar expulsiones si lo encuentran educado”.

Concretamente sobre Aula Segura, afirmó que “es una ley que no tuvo mucho sentido ni en su minuto, ni creo que hoy día”.

Sobre los hechos de violencia en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), el ministro afirmó que “la responsabilidad de los establecimientos de la comuna de Santiago es del sostenedor. Y en este caso, el municipio de Santiago y en especial su Dirección de Educación”.

“Sin embargo, nosotros hemos sido un puente permanente. Yo mismo he estado en la Dirección de Educación de Santiago, reunido con el centro de estudiantes. Ellos mismos han desconocido la actitud que tienen algunos, pocos estudiantes, que lamentablemente recurren a la violencia”, agregó.

Ante las demandas, afirmó que “se han generado mejoras, especialmente en el mejoramiento de la calidad de las raciones de alimentos que entrega Junaeb, hemos realizado apoyos en el ámbito de la reparación, y además dentro de los 714 proyectos de reparación menor de habitabilidad que el Mineduc está diseñando, están algunos establecimientos de Santiago”.

De todas formas, advirtió que “hoy día, el presupuesto disponible no nos permite hacer una recuperación de infraestructura gruesa. Es decir, 450 o 500 millones de pesos que significa la reparación de un pabellón patrimonial”.

Finalmente, reiteró que “no creemos en la violencia, lo hemos señalado en todos los tonos, y estamos disponibles a dialogar con aquellos que estén disponible a hacerlo”.