“Estamos reivindicando los principios esenciales que sustentan la democracia de nuestra República: la diversidad, la tolerancia, el respeto y, sobre todo, una cultura de paz donde no puede haber lugar para la violencia ni el odio”, expresó este lunes la Presidenta Michelle Bachelet, durante la firma del proyecto de ley que castiga la incitación al odio y la violencia.
La iniciativa agrega un nuevo artículo al Código Penal, que sancionará a quien o quienes públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión masiva, promueva la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.
La jefa de Estado subrayó que con frecuencia se han producido hechos dolorosos de este tipo en el país que no se pueden tolerar y que son una afrenta para las sociedades. “Nos avergüenza como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no sólo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.
En concreto la disposición legal establece en caso de un ciudadano común, una pena de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días y multa de 30 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), de $1.400.790 a $2.334.650, aproximadamente.
En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus labores o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.
Junto con ello se modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para hacerlas responsables de este delito cuando sea cometido en interés de dichas personas jurídicas por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión.
También se elimina la norma de la Ley de Prensa que sólo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad a través de cualquier medio de comunicación social.
“Estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en este sentido, estándares que Chile también está adoptando y reconociendo en este proyecto. Estándares, además, que crecientemente debemos exigir a quienes cuentan con el privilegio de hacer sus opiniones en el espacio público”, detalló la jefa de Estado.
Subrayó que esta ley es “para que nadie vuelva a ser atacado por otros por ser lo que es, vivir como quiera vivir o expresar respetuosamente sus convicciones. Para que entre nosotros siga siendo esa invaluable forma de encuentro entre seres humanos, esa forma de comprensión destinada a generar vínculos, comprensión entre semejantes y asegurar a cada uno de nosotros, una vida en paz”.
A su turno el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, dijo estar muy orgulloso del paso que ha dado el país al remitir la normativa al Parlamento para su discusión que estará vigente apenas sea aprobada, promulgada y publicada en el Diario Oficial.
“Esta es una necesidad que existía demandada por una serie de compromisos internacionales que habíamos adquirido, es una expresión de los afanes civilizatorios que nos animan y no solamente extendida al ámbito político, religioso, de género, etc. Creo que es un llamado a la concordia, al entendimiento, a la erradicación de la violencia, del odio, del fanatismo, del dogmatismo, que son males que le causan mucho daño a la sociedad y que nos impiden vivir de una manera civilizada”.
PROMESA CUMPLIDA
El dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, calificó la acción como “un avance hacia la prevención de los abusos y discriminación contra los sectores históricamente postergados”.
Sostuvo que el envío del texto legal “tiene el mérito de cumplir el compromiso presidencial que la mandataria asumió”.
El Movilh apuntó que “de aprobarse esta ley los discursos y campañas de odio que hoy gozan de total impunidad, podrán ser sancionados, lo cual es un paso hacia el respeto y la igualdad plena de derechos”.
Al explicar la importancia de la ley, Jiménez redondeó que “tenemos la convicción de que los discursos racistas, homofóbicos, transfóbicos, clasistas, misóginos o xenofóbicos son el caldo de cultivo para conductas violentas que en casos extremos terminan en golpizas y asesinatos. Estos abusos hoy quedan en la impunidad, pues la Ley Antidiscriminatoria sólo sanciona acciones, no discursos. De ahí la relevancia de la ley firmada hoy”, concluyó.
La iniciativa agrega un nuevo artículo al Código Penal, que sancionará a quien o quienes públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión masiva, promueva la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.
La jefa de Estado subrayó que con frecuencia se han producido hechos dolorosos de este tipo en el país que no se pueden tolerar y que son una afrenta para las sociedades. “Nos avergüenza como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no sólo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.
En concreto la disposición legal establece en caso de un ciudadano común, una pena de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días y multa de 30 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), de $1.400.790 a $2.334.650, aproximadamente.
En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus labores o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.
Junto con ello se modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para hacerlas responsables de este delito cuando sea cometido en interés de dichas personas jurídicas por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión.
También se elimina la norma de la Ley de Prensa que sólo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad a través de cualquier medio de comunicación social.
“Estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en este sentido, estándares que Chile también está adoptando y reconociendo en este proyecto. Estándares, además, que crecientemente debemos exigir a quienes cuentan con el privilegio de hacer sus opiniones en el espacio público”, detalló la jefa de Estado.
Subrayó que esta ley es “para que nadie vuelva a ser atacado por otros por ser lo que es, vivir como quiera vivir o expresar respetuosamente sus convicciones. Para que entre nosotros siga siendo esa invaluable forma de encuentro entre seres humanos, esa forma de comprensión destinada a generar vínculos, comprensión entre semejantes y asegurar a cada uno de nosotros, una vida en paz”.
A su turno el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, dijo estar muy orgulloso del paso que ha dado el país al remitir la normativa al Parlamento para su discusión que estará vigente apenas sea aprobada, promulgada y publicada en el Diario Oficial.
“Esta es una necesidad que existía demandada por una serie de compromisos internacionales que habíamos adquirido, es una expresión de los afanes civilizatorios que nos animan y no solamente extendida al ámbito político, religioso, de género, etc. Creo que es un llamado a la concordia, al entendimiento, a la erradicación de la violencia, del odio, del fanatismo, del dogmatismo, que son males que le causan mucho daño a la sociedad y que nos impiden vivir de una manera civilizada”.
PROMESA CUMPLIDA
El dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, calificó la acción como “un avance hacia la prevención de los abusos y discriminación contra los sectores históricamente postergados”.
Sostuvo que el envío del texto legal “tiene el mérito de cumplir el compromiso presidencial que la mandataria asumió”.
El Movilh apuntó que “de aprobarse esta ley los discursos y campañas de odio que hoy gozan de total impunidad, podrán ser sancionados, lo cual es un paso hacia el respeto y la igualdad plena de derechos”.
Al explicar la importancia de la ley, Jiménez redondeó que “tenemos la convicción de que los discursos racistas, homofóbicos, transfóbicos, clasistas, misóginos o xenofóbicos son el caldo de cultivo para conductas violentas que en casos extremos terminan en golpizas y asesinatos. Estos abusos hoy quedan en la impunidad, pues la Ley Antidiscriminatoria sólo sanciona acciones, no discursos. De ahí la relevancia de la ley firmada hoy”, concluyó.
