Tras conocerse el caso de menores adoptados de manera irregular en el extranjero, el Gobierno pondrá urgencia al proyecto de ley de extraviados o desaparecidos.

Así lo anunció la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, luego de la reunión que sostuvieron parlamentarios autores de la moción legislativa con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, oportunidad en la que le solicitaron apoyo para avanzar en este proyecto, petición que fue acogida.

“La situación de las personas extraviadas y de los niños, niñas y adolescentes extraviados son una gran oportunidad para mejorar nuestros protocolos y nuestros campos de acción”, puntualizó la autoridad en la comisión que investiga estos casos.

En la oportunidad, la subsecretaria señaló a los miembros de la instancia parlamentaria que también se desarrollará una aplicación a nivel estatal, que permitirá unificar todos los antecedentes que manejan diferentes instituciones frente a la desaparición de personas.

Según las diputadas Natalia Castillo (RD) y Erika Olivera (IND-RN), esta última presidenta de la instancia, una de las ideas es que se vincule con el registro de adopciones que el Ministerio de Justicia se comprometió a desarrollar en la comisión que investigó las irregularidades en estos procesos y así hacer que la búsqueda pueda ser de manera más efectiva y eficaz.

La aplicación debería coordinar a todas las instituciones y cruzar los datos que estas manejan. Además, para su funcionamiento se desarrollarían protocolos de acción y de reacción frente a las desapariciones.

“Va a generar no solamente datos importantísimos para entender qué es lo que está pasando; cuáles son los motivos, sino también para poder reaccionar de manera inmediata y poder hacer que todas las instituciones trabajen de manera ordenada y coordinada”, explicó Martorell.

En la sesión, también participó el subprefecto de Interpol, Ricardo Quiroz, quien explicó los alcances de esta institución frente a la desaparición de menores. El principal tiene que ver con las alertas que se generan a nivel internacional y que incluyen este tipo de casos.

Destacó que, de acuerdo a la experiencia comparada de otros países, es clave incorporar la participación de privados en la estrategia de prevención y búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.

“Si bien la responsabilidad recae en el Estado y los organismos que lo componen también consideramos que es muy relevante, por el impacto y la cantidad de gente a la que puede llegar”, afirmó el subprefecto.

También se propuso la creación de un centro de búsqueda, experiencia que se aplica en Argentina. Sin embargo, la diputada Olivera ponderó que esta medida implicaría mayores costos para su desarrollo, por lo que habría que evaluar bien si es que es una de las opciones que podrían incluir en el desarrollo del informe de la comisión.