El fallo unánime es un importante revés para la estrategia judicial de la ex mandataria, ya que no prosperó la última esperanza que tenía para evitar el inicio del juicio oral, cuya fecha de inicio aún no fue fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 (TOCF8).
Según informa el portal del diario El Clarín, el máximo tribunal desestimó un recurso de queja de la defensa contra el juez federal Claudio Bonadio, para que la Corte interviniera ante la negativa de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal a concederle el recurso extraordinario para discutir su situación en la Corte.
El encausamiento y detención de Fernández no se había ejecutado por negativa del Senado a tratar el pedido de desafuero- dispuesto por el persecutor en relación a la presunta comisión de los delitos de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.
“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello se la desestima”, precisa el dictamen con la clásica fórmula utilizada para estos casos.
La Corte también desestimó un recurso similar del ex secretario general de la Presidencia y primer titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, también a la espera de ser juzgado por este hecho junto con otros imputados como el ex líder piquetero Luis D’Elía.
VALIDACIÓN A LA DENUNCIA DE NISMAN
Esta causa se originó con la denuncia que realizó el fiscal Alberto Nisman, en contra de la ex gobernante trasandina, cuatro días antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza en su departamento del barrio de Puerto Madero, en enero de 2015.La causa se abrió por decisión de la Cámara de Casación luego de la negativa del juez Daniel Rafecas a hacerlo al considerar que no había delito alguno para investigar por cuanto el pacto no se había ejecutado.
El acuerdo con Irán firmado por el kirchnerismo y aprobado por su mayoría parlamentaria fue declarado inconstitucional por la Justicia porque implica la cesión de soberanía jurisdiccional a ese país al permitir que no se presentaran en los tribunales nacionales los ciudadanos de esa república acusados por Nisman una década atrás por el atentado de 1994 que provocó la muerte de 85 personas.