El fiscal nacional Jorge Abbott sancionó con amonestación privada al fiscal Regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, por suspender condicionalmente a un imputado en el denominado “Caso Basura”, sin contar con un informe técnico de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.
La investigación administrativa fue ordenada el 8 de mayo de 2017 y se inició luego de conocer la suspensión condicional del procedimiento que favoreció al imputado Fernando León, formalizado en el denominado “Caso Basura” como autor de los delitos de soborno y fraude al fisco.
Si bien se estableció en el sumario que Pérez Calaf comunicó de forma oportuna su decisión procesal a la Unidad Anticorrupción, no cumplió con la formalidad exigida en el oficio, infringiendo así el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que obliga a los fiscales regionales a cumplir las instrucciones generales del Fiscal Nacional.
En 2013 la Fiscalía de Chile inició una investigación por los delitos de lavado de activos, malversación de fondos, cohecho y sobornos contra 18 imputados. Entre los acusados se encuentran altos funcionarios municipales de distintas comunas de Santiago, quienes habrían recibido cuantiosos pagos por favorecer a empresas privadas en millonarias licitaciones en el rubro de la basura.
La investigación administrativa fue ordenada el 8 de mayo de 2017 y se inició luego de conocer la suspensión condicional del procedimiento que favoreció al imputado Fernando León, formalizado en el denominado “Caso Basura” como autor de los delitos de soborno y fraude al fisco.
Si bien se estableció en el sumario que Pérez Calaf comunicó de forma oportuna su decisión procesal a la Unidad Anticorrupción, no cumplió con la formalidad exigida en el oficio, infringiendo así el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que obliga a los fiscales regionales a cumplir las instrucciones generales del Fiscal Nacional.
En 2013 la Fiscalía de Chile inició una investigación por los delitos de lavado de activos, malversación de fondos, cohecho y sobornos contra 18 imputados. Entre los acusados se encuentran altos funcionarios municipales de distintas comunas de Santiago, quienes habrían recibido cuantiosos pagos por favorecer a empresas privadas en millonarias licitaciones en el rubro de la basura.
