De esta manera, comienza a llegar a su fin el polémico caso Caval, después de más de tres años de ocurridos los hechos que dieron origen a la causa: la compra y venta de terrenos en Machalí en 2015 por parte de la sociedad de Compagnon y Valero. De los otros 11 imputados iniciales, 4 fueron condenados en juicio abreviado y el resto obtuvo suspensiones condicionales.
Natalia Compagnon fue acusada por el delito tributario de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas por servicios que no se realizaron, con la finalidad de ocultar el monto de las operaciones de la sociedad y así evadir el impuesto correspondiente. La pena asignada es de hasta 5 años de cárcel, más multa.
Valero, por su parte, enfrentaba acusación por soborno en una maniobra que involucra al ex gestor inmobiliario Juan Díaz y al ex jefe de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, para el cambio de uso de suelo de los terrenos comprados por Caval en $6.500 millones y posteriormente vendidos en $9.500 millones. La pena asignada era de hasta 3 años de cárcel más multa.
En tanto, la Sociedad Caval estaba acusada por soborno bajo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La pena es de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, pérdida de beneficios fiscales y multa.
Los jueces Paulina Chaparro (presidenta), Joaquín Nilo y Sergio Allende, en el fallo dado a conocer hoy, no dieron por acreditados los ilícitos de soborno imputados a Valero y la Sociedad Caval, pero sí los delitos tributarios en el caso de la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
La arista principal del caso se remonta al 17 de enero de 2015, cuando la sociedad Caval compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards (hoy Rojo Edwards) presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda. Tras la denuncia, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo.
Luego, la causa pasó a manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de los imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica. El juicio estuvo a cargo del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y de la fiscal Marcia Allendes.