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Caso Lonquén: confirman condena a 7 carabineros por el crimen de 15 campesinos

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La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó este martes las condenas de prisión a 7 exfuncionarios de Carabineros por el caso Lonquén, crimen múltiple que en 1978 confirmó que la dictadura de Augusto Pinochet hacía desaparecer a presos políticos.

El 7 octubre de 1973, un mes después del golpe militar que Pinochet encabezó en Chile, 15 campesinos, cinco de ellos miembros de una misma familia, fueron detenidos por Carabineros en la localidad de Isla de Maipo, a quienes encerraron en un cuartel, interrogaron y sometieron a torturas.

En la madrugada siguiente los campesinos fueron sacados del cuartel y llevados hasta unos antiguos hornos de una fábrica de ladrillos abandonada cerca de la localidad de Lonquén, donde los policías los asesinaron a tiros, metieron los cadáveres en los hornos y sellaron éstos con cemento.

A los familiares de los campesinos, que habían sido favorecidos por la reforma agraria que impulsó el gobierno de Salvador Allende y de los que la mayoría no tenía militancia política, se les dijo que habían sido trasladados al Estadio Nacional, utilizado como campo de concentración, torturas y exterminio por el régimen.

En 1978, tras recibir un informe anónimo, abogados vinculados a la Iglesia Católica descubrieron los cadáveres. Hasta entonces, las denuncias sobre desapariciones eran motivo de burla de los medios de prensa, controlados por la dictadura, que se referían a “los supuestos desaparecidos”, mientras el régimen atribuía las denuncias a “una campaña del marxismo internacional”.

No faltó algún alto cargo del régimen que aseguró haber visto en Europa a algún dirigente de izquierda desaparecido tras ser detenido.

CONDENAS

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia de primera instancia, dictada por la jueza especial Marianela Cifuentes y condenó a 20 años de prisión, como autor, al entonces teniente Lautaro Castro Mendoza, jefe de la patrulla que cometió los asesinatos.

Otros cinco excarabineros fueron sentenciados a 15 años de prisión, también como autores, y el séptimo fue condenado a once penas de sesenta días de presidio menor, como autor de secuestro simple.

Al destaparse el crimen, los responsables inventaron una historia inverosímil, señalando que cuando viajaban a Santiago con los presos fueron atacados por guerrilleros y que como resultado del tiroteo que se produjo, murieron solamente los 15 campesinos, a los que enterraron en los hornos “por temor”.

Tras desvelarse la verdad sobre los desaparecidos, Pinochet ordenó la operación “Retiro de Televisores”: los cadáveres de un número indeterminado de prisioneros asesinados y sepultados de forma clandestina fueron exhumados, metidos en sacos, atados con rieles y lanzados al mar u otros lugares, incluidos ríos, lagos o el cráter de algún volcán, según declaraciones de agentes procesados años después.

Los cadáveres de los campesinos asesinados en Lonquén permanecieron un par de años en el Servicio Médico Legal (SML), mientras abogados de derechos humanos libraban una batalla judicial con el régimen.

Uno de los episodios permitió que la Justicia ordenara la devolución de los cuerpos a sus familias, pero agentes de la policía secreta, para evitar un funeral público, los robaron desde el SML durante una madrugada y fueron a lanzarlos a una fosa común del cementerio de Isla de Maipo.

En la parte civil, el tribunal condenó al Fisco a pagar elevadas sumas como indemnización moral a varias decenas de familiares de las quince víctimas.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos. Otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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