Una de las primeras medidas la adoptó el presidente del tribunal, magistrado Germán Varas Cicarelli, quien ordenó que sólo se transmitirán a través del canal del Poder Judicial las audiencias del veredicto y sentencia, después de los 39 días hábiles de duración que están fijados para este segundo juicio.
Los acusados son José Arturo Córdova Tránsito, Sergio Marcial Catrilef Marilef, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Ariel Catrilaf Romero, Hernán Zenen Catrilaf Llaupe, José Sergio Tralcal Coche, Sabino Catrilaf Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, Juan Segundo Tralcal Quidel, Francisca Linconao Huircapán y José Manuel Peralino Huinca.
Los 11 fueron absueltos en fallo unánime el 25 de octubre pasado por el mismo tribunal, pero la Fiscalía Regional de La Araucanía y los querellantes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Temuco, que el 29 de diciembre último, también en fallo unánime, anuló el juicio y ordenó uno nuevo con distinta integración de magistrados.
Al igual que en el primer juicio, la fiscalía está pidiendo una pena de presidio perpetuo calificado, esto es, un mínimo de 40 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario, en contra de todos los acusados, menos en el caso de Peralino Huinca, para quien se pide un sentencia de 10 años por su colaboración en la investigación.
Sin embargo, Peralino Huinca se desdijo en el juicio y acusó presiones para inculpar al resto de los imputados en los hechos. Precisamente, los tres magistrados no dieron validez a las confesiones de este acusado, sobre las que se basaba la acusación de la fiscalía contra los 11 comuneros.
Según el fallo absolutorio, “la prueba del persecutor fiscal estuvo plagada de defectos que disminuyeron su poder de convicción: declaraciones tomadas a un co-imputado sin el resguardo de haberlas grabado, disponiendo de los medios tecnológicos para ello; levantamiento tardío del evidencias en el sitio del suceso, lo que generó un desgastador debate sobre la forma de trabajo de las policías en dicha oportunidad; una diligencia de allanamiento efectuada por Carabineros con vulneración de normas procesales vigentes, impidiendo a este tribunal valorar el mérito de las especies incautadas en la misma”.
Además, el fallo absolutorio acreditó el delito, pero no el carácter de terrorista: “La prueba aportada por los acusadores resultó insuficiente para demostrar el carácter terrorista del ilícito ya referido, toda vez que no fue posible acreditar, por una parte, el presupuesto fáctico contenido en la acusación, consistente en ‘la existencia de un plan elaborado y coordinado destinado a compeler a agricultores de la región a hacer abandono de sus predios, transmitiendo a éstos el mensaje de ser víctima de hechos de similar naturaleza”, señaló la resolución.
“Por otra parte, tampoco se acreditó con el grado de suficiencia requerido el elemento subjetivo de esa calificación penal, contenido en el artículo 1° de la Ley 18.314, consistente, según la afirmación del libelo acusatorio, en la demostración de la intención existente en los autores de estos hechos de causar temor en la población o en una parte de ella, con la finalidad de doblegar sus voluntades”, agregó la sentencia absolutoria del primer juicio.
No obstante, el 29 de diciembre pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco anuló el juicio por estimar que “han sido múltiples, graves y determinantes las vulneraciones, infracciones y vicios a las reglas en la valoración de la prueba”.
Según el fallo, cada una de estas vulneraciones ha dado “suficiente justificación para acoger el recurso de nulidad por la causal de lo que se viene reflexionando lo que deviene, entonces, que la sentencia impugnada no cumplió con la exigencia de fundabilidad que requiere la ley e infringió los principios de la lógica en múltiples y diversos considerandos”.
De esta manera se llegó al segundo juicio que comenzó este lunes y que se estima tendrá una duración de 39 días, en los que se presentarán 144 peritos y testigos. El tribunal estará integrado por los jueces Germán Varas Cicarelli (presidente), Rocío Pinilla Dabbadie y Ximena Saldivia Vega. Los 11 acusados se encuentran en libertad, pero bajo las medidas de arresto domiciliario y arraigo. Antes del primer juicio, todos estuvieron en prisión preventiva, menos Peralino y la machi Linconao.
De acuerdo a la acusación de la fiscalía, alrededor de la 1 de la madrugada del 4 de enero de 2013, los 11 acusados atacaron en dos grupos el fundo Lumahue, previamente concertados y premunidos de armas y elementos para causar un incendio. En el siniestro murieron por carbonización Vivian Mackay y Werner Luchsinger, quien alcanzó a disparar hiriendo a Celestino Córdova Tránsito, el único condenado por estos hechos hasta el momento.