El artículo establece la prohibición para negar o justificar violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y que aparecen consignadas en los informes Rettig y Valech, es decir, que fueron reconocidas por el Estado de Chile. Las penas van desde una multa hasta 3 años de cárcel.
Consultada si las personas que apoyan a Pinochet pueden ser sancionadas, respondió que “le corresponde al juez la interpretación de este artículo, y a mí parecer el solo hecho de declarar una opción política, no cae dentro de la tipificación. Aclaro que nosotros legislamos y la interpretación le corresponde al poder judicial”.
En cuanto al diputado Ignacio Urrutia (ex UDI), quien calificó a las víctimas que aparecen en el Informe Valech como “terroristas con aguinaldo”, Hertz afirmó que “es un típico caso de negacionismo y que se está ofendiendo la dignidad humana de las víctimas. Eso sin duda alguna”.