Por siete votos a favor y seis en contra, la comisión de diputados que investigó la adquisición de tierras indígenas por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Longueira, aprobó el informe con el que concluyó su trabajo.

Si bien integrantes de la instancia lograron coincidir en la necesidad de modificar el funcionamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), no lograron llegar a acuerdo frente a las responsabilidades de Ubilla, y de Longueira tras adquirir bienes en la región de La Araucanía.

Para la diputada Emilia Nuyado (PS), presidenta de la comisión, no hay dudas de que las tierras que compraron son indígenas. “Ha sido fácil para personas como el subsecretario en su calidad, primero de ciudadano y posteriormente en su calidad de subsecretario, y también para el señor Longueira, adquirir propiedades que son indígenas de acuerdo a todas las exposiciones”, argumentó.

Sostuvo que los especialistas en estas materias señalaron que la liquidación no es enajenación, que era uno de los ejemplos que se revisaron con respecto a la situación del subsecretario que, actualmente, sigue manteniendo las tierras y que está en una situación judicial. “Esperamos que aquella (situación) también se pueda resolver a la brevedad, en beneficio de la comunidad”, agregó la parlamentaria.

Sin embargo, para el diputado Miguel Mellado (RN) la lectura de los antecedentes entregados a la comisión es completamente diferente, en torno a las responsabilidades de estas autoridades de gobierno.

“Ellos dos eran personas naturales, no trabajaban en el gobierno cuando hicieron esto”, aclaró el diputado, acotando luego que ellos hicieron los estudios de título que correspondían. “Podían haber sido refrendados por el notario, por el conservador; se hicieron las inscripciones que corresponden. Está todo legal”, aseguró.

Según afirmó el legislador, la responsabilidad de esta situación recae en manos de la Conadi. “Está fallando la institución completa”, remarcó.

El informe señala la necesidad de mejorar la fiscalización de los procesos de venta de tierras indígenas por parte de la Conadi y que, además, sume la información que se maneja tanto en las notarías como en los conservadores de bienes raíces.

Frente a ello, también se considera evaluar reformas que permitan realizar estas funciones de manera más eficiente.