En el documento se desliza una serie de cuestionamientos a las actuaciones del Estado en áreas de hacinamiento y violencia al interior de las cárceles, la aplicación de la ley antiterrorista y también la crítica situación que se vive al interior de la red de centros del Sename, donde se consignan las muertes de 256 menores desde 2005 a 2016.
“Expresamos una profunda preocupación por el número de muertes de niños, niñas y adolescentes registrados en la red de menores del Sename”, señala el documento, apuntando a “informaciones relativas a malos tratos e imposición de castigos colectivos en el Centro de Internación Provisoria para adolescentes de la comuna de San Joaquín“, según señala El Mercurio hoy.
El texto llama al Estado a investigar con la mayor rapidez posible los casos de abusos en contra de los menores del Sename. Asimismo, invita al Gobierno a enviar un informe de seguimiento en 2019, para revisar si las políticas públicas para corregir esta situación van en la dirección correcta.
El representante de la comisión de DD.HH. de la Cámara Alta fue el senador Juan Ignacio Latorre (RD), y al respecto manifestó que “hay que modernizar la entrega de datos, y por ello hubo una autocrítica en la delegación”, expresó el parlamentario.
Además, Latorre añadió que el informe tiene directa relación con el rol del Alto Comisionado ONU para los DD.HH, que asumirá el 1 de septiembre la ex Presidenta Michelle Bachelet. Al respecto señaló: “Reconozco el nombramiento de la ex Presidenta, pero sin duda soy crítico de las políticas de DD.HH. en sus dos gobiernos. Ella quedó al debe, y lo pueden decir las organizaciones de Derechos Humanos, se esperaba mucha más voluntad política de sus gobiernos”.
El documento hace un llamado de atención a las autoridades chilenas en varios pasajes, por no entregar datos precisos en relación a la muerte de menores. “El comité lamenta no haber recibido datos desglosados por lugar de internamiento, sexo, edad y origen étnico o nacionalidad de los menores fallecidos, ni sobre las presuntas causas de estas muertes”, afirman.
“Expresamos una profunda preocupación por el número de muertes de niños, niñas y adolescentes registrados en la red de menores del Sename”, señala el documento, apuntando a “informaciones relativas a malos tratos e imposición de castigos colectivos en el Centro de Internación Provisoria para adolescentes de la comuna de San Joaquín“, según señala El Mercurio hoy.
El texto llama al Estado a investigar con la mayor rapidez posible los casos de abusos en contra de los menores del Sename. Asimismo, invita al Gobierno a enviar un informe de seguimiento en 2019, para revisar si las políticas públicas para corregir esta situación van en la dirección correcta.
El representante de la comisión de DD.HH. de la Cámara Alta fue el senador Juan Ignacio Latorre (RD), y al respecto manifestó que “hay que modernizar la entrega de datos, y por ello hubo una autocrítica en la delegación”, expresó el parlamentario.
Además, Latorre añadió que el informe tiene directa relación con el rol del Alto Comisionado ONU para los DD.HH, que asumirá el 1 de septiembre la ex Presidenta Michelle Bachelet. Al respecto señaló: “Reconozco el nombramiento de la ex Presidenta, pero sin duda soy crítico de las políticas de DD.HH. en sus dos gobiernos. Ella quedó al debe, y lo pueden decir las organizaciones de Derechos Humanos, se esperaba mucha más voluntad política de sus gobiernos”.
El documento hace un llamado de atención a las autoridades chilenas en varios pasajes, por no entregar datos precisos en relación a la muerte de menores. “El comité lamenta no haber recibido datos desglosados por lugar de internamiento, sexo, edad y origen étnico o nacionalidad de los menores fallecidos, ni sobre las presuntas causas de estas muertes”, afirman.
