En su declaración el presidente de la agrupación, Esteban Maturana, sostiene que la Confusam “desde la administración anterior de la Presidenta Bachelet exigió al Gobierno tomar medidas para resguardar la seguridad del personal que se desempeña en servicios de salud, petición que fuera en lo formal acogida en un Protocolo de Acuerdos, pero en la práctica no llevó a ninguna medida en concreto, razón por la cual dicha demanda fue traslada al actual gobierno dando paso a un nuevo acuerdo de reciente firma con las actuales autoridades de salud”.
En el texto aluden a que en los últimos meses el país ha sido testigo de una escalada de agresiones y de violencia que ha afectado a trabajadoras y trabajadores de establecimientos de salud municipal tanto de atención diferida, como de atención de urgencias, problema que también se ha vivido en instituciones hospitalarias.
Como se ha podido constatar a través de los medios de comunicación, no solamente se asiste a un incremento en el número de hechos de violencia que afectan a personal de salud, además se han conocido hechos de violencia inusitada cuyo ejemplo más dramático fue el ingreso de un sujeto armado a un SAPU quien a la vista de trabajadores y usuarios del servicio, asesinó a dos individuos que habían concurrido a solicitar atención de urgencia por lesiones recibidas previamente.
A ese hecho se suman otros actos de violencia, como incendio de vehículos, apedreamiento de instalaciones sanitarias, portonazos a ambulancias, robos, entre otros, siendo de mayor preocupación los actos que afectan directamente a personal en servicio consistentes en insultos reiterados, amenazas de muerte, llegándose en más de algún caso a agresiones físicas tan violentas como la que afectó a una dirigente de la Confusam en Rancagua, víctima de un intento de homicidio por parte de un usuario.