El Congreso de Perú aborda este viernes una moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral”, acción que el gobierno denuncia como “golpe de Estado”.
Vizcarra, quien asumió el poder en marzo de 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pabo Kuczynski, de quien era vicepresidente, quedó el jueves contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato con un cantante, de acuerdo con la difusión de unos audios.
El Ministerio de Cultura contrató al cantante Richard Cisneros como conferencista y animador, quien alardeaba en medios de haber sido asesor del gobierno.
El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que se habían ofrecido en plena pandemia contratos presuntamente irregulares por 10.000 dólares a Cisneros, un artista poco conocido del medio local.
“No voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo Vizcarra el jueves en la noche en un mensaje por televisión, negando cualquier acto ilegal.
Pero poco después, seis de los nueve partidos con representación en el Congreso anunciaron la presentación de la moción para declarar la “vacancia” de la presidencia.
“Estamos ante un complot contra la democracia”, impulsado por grupos que buscan evitar que se apruebe una reforma que saca de carrera a candidatos que tengan sentencias judiciales, aseguró Vizcarra, quien ha conseguido un alto apoyo popular por su cruzada contra la corrupción.
Denuncia de golpe
La moción recuerda dos iniciativas similares presentadas contra Kuczynski en diciembre de 2017 y marzo de 2018, que llevaron finalmente a la renuncia del exbanquero a la presidencia de Perú.
“Declárase la vacancia de la presidencia de la República y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución del Perú”, dice la moción firmada por más de la mitad de los 130 legisladores que integran el Congreso.
La moción de destitución necesita de 52 votos para ser admitida a debate e iniciar el proceso formal de destitución y votación en cuatro días. Sin embargo, la votación podría realizarse este viernes mismo si la oposición reúne 104 votos, lo que no es seguro.
El Congreso necesita 87 votos para destituir a Vizcarra, que carece de partido y bancada.
Si es destituido, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumiría el poder por el resto del mandato, que culmina el 28 de julio de 2021.
El primer ministro, Walter Martos, denunció este viernes un “golpe de estado” parlamentario en curso.
“Lo que está haciendo en estos momentos el Congreso es dar un golpe de Estado, porque está haciendo una interpretación arbitraria de la Constitución”, dijo Martos, un general retirado del Ejército y número dos del gobierno, a la radio RPP.
“El llamado de Merino a las fuerzas armadas es porque sabe que está rompiendo el orden constitucional”, agregó Martos.
Al convocar la sesión parlamentaria, Merino dijo: “Que las Fuerzas Armadas, que la ciudadanía, tenga la seguridad que actuaremos en estricto cumplimiento del orden constitucional”.
Polémicos audios
“Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir”, dice Vizcarra en la grabación a dos de sus colaboradoras, a quienes pide supuestamente mentir ante el Congreso sobre el número de veces que acudió al Palacio de Gobierno el cantante investigado.
Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karem Roca, quienes le mencionan a Vizcarra hasta cinco ingresos al palacio del polémico Richard Cisneros.
“Hay que decir que entró dos veces” en lugar de cinco, les pide Vizcarra. “Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados”, agrega el presidente.
La difusión de los audios se produce en el marco de constantes choques entre el Congreso y el Ejecutivo por aprobar una reforma que impulsa el gobierno y que dejaría fuera de carrera a candidatos condenados por la justicia.
En septiembre de 2019 el mandatario disolvió constitucionalmente el parlamento y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis.
Las grabaciones de Vizcarra fueron entregadas por el legislador Edgar Alarcón, presidente de la comisión que investiga el caso del cantante.
“Se nota que hay una falta moral, el presidente no puede mentir”, dijo a la prensa Alarcón, de la centroizquierdista Unión Por el Perú.