El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra cuatro reos de Punta Peuco: Enrique Neira, Patricio Ferrer, Jaime Torres y Rubén Fiedler.
El organismo realizó la acción legal acusando fraude al fisco en el otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase, equivalente a la jubilación de invalidez. Se señala que los acusados recibieron pensiones que suman más de 7 millones de pesos pese a que, cuando ingresaron al penal, no informaron a Gendarmería de ningún tipo de enfermedad.
El medio La Tercera tuvo acceso a la querella, y el documento puntualiza que los condenados por Derechos Humanos “no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada. No tienen, según sus propios dichos, ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad“.
Según, el medio, el detalle de las pensiones es el siguiente: Enrique Neira 2.605.979 pesos, Patricio Ferrer 2.161.406 pesos, Jaime Torres: 1.647.687 pesos, y Rubén Fiedler: 1.340.000 pesos.
De igual modo, el CDE también decidió hacerse parte en la investigación por pago de pensiones de invalidez contra Emilio Neira Donoso, exoficial de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, exoficial de la Fach; y la abogada Patricia Rivera. La querella también incluye al excomandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos Ponce; y al general en retiro de Brigada Aérea, Patricio Franjola.
Asimismo el organismo pidió a la Fiscalía oficiar a la subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que informe sobre los miembros de la comisión de Sanidad que integraron funcionarios de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
El CDE indica que el diagnóstico de esta comisión “dio origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación”.
Por último, también apuntó a un tercer grupo que recibiría pensión de invalidez de segunda clase y que trabaja en el ámbito civil, en este último identificando a Patricia Rivera, exabogada de Capredena que actualmente se desempeña como jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago; y Patricio Franjola, quien ejerce como abogado particular y recibe la pensión más alta (6.806.000 pesos).
De igual modo, acusó un sesgo político, ya que a su juicio la querella debería incluir a todos los funcionarios públicos que reciben el beneficio.
El organismo realizó la acción legal acusando fraude al fisco en el otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase, equivalente a la jubilación de invalidez. Se señala que los acusados recibieron pensiones que suman más de 7 millones de pesos pese a que, cuando ingresaron al penal, no informaron a Gendarmería de ningún tipo de enfermedad.
El medio La Tercera tuvo acceso a la querella, y el documento puntualiza que los condenados por Derechos Humanos “no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada. No tienen, según sus propios dichos, ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad“.
Según, el medio, el detalle de las pensiones es el siguiente: Enrique Neira 2.605.979 pesos, Patricio Ferrer 2.161.406 pesos, Jaime Torres: 1.647.687 pesos, y Rubén Fiedler: 1.340.000 pesos.
De igual modo, el CDE también decidió hacerse parte en la investigación por pago de pensiones de invalidez contra Emilio Neira Donoso, exoficial de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, exoficial de la Fach; y la abogada Patricia Rivera. La querella también incluye al excomandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos Ponce; y al general en retiro de Brigada Aérea, Patricio Franjola.
Asimismo el organismo pidió a la Fiscalía oficiar a la subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que informe sobre los miembros de la comisión de Sanidad que integraron funcionarios de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
El CDE indica que el diagnóstico de esta comisión “dio origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación”.
Por último, también apuntó a un tercer grupo que recibiría pensión de invalidez de segunda clase y que trabaja en el ámbito civil, en este último identificando a Patricia Rivera, exabogada de Capredena que actualmente se desempeña como jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago; y Patricio Franjola, quien ejerce como abogado particular y recibe la pensión más alta (6.806.000 pesos).
Respuesta de abogado de internos
El abogado Raúl Meza, representante de los internos de Punta Peuco señaló: “Me parece extraordinariamente grave que el CDE cuestione la probidad y las competencias profesionales de los organismos públicos que participaron en este proceso de concesión de este beneficio de jubilación de segunda clase a funcionarios de las FFAA”.De igual modo, acusó un sesgo político, ya que a su juicio la querella debería incluir a todos los funcionarios públicos que reciben el beneficio.
