Una serie de debilidades detectó la Contraloría General de la República en el programa de Subsidio al Transporte Escolar administrado por la Subsecretaría de Transportes durante 2017, en su informe final N° 373 de 2018.
Las falencias van desde cuentas corrientes de la Subsecretaría de Transportes -que pueden ser utilizadas por funcionarios y exfuncionarios para hacer giros- hasta la inexistencia de mecanismos de coordinación con la cartera de Educación para evitar la duplicidad en el otorgamiento de subsidios.
El informe estableció que en la operación del programa no existen normas que regulen el proceso de selección de beneficiarios y no se aplican criterios objetivos y uniformes para escoger los proyectos que serán favorecidos.
Se observó, además, la ausencia de un procedimiento de notificación formal de la nómina de beneficiarios a los operadores privados que reciben el respectivo pago. También se verificaron multas no cursadas por incumplimientos de contratos por un total de $2.849.000.
La Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles a la subsecretaría para responder a la mayoría de las observaciones formuladas y 15 respecto del inicio de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por las debilidades en la operación del programa. Los plazos comenzaron a regir desde fines de agosto de este año.
Las falencias van desde cuentas corrientes de la Subsecretaría de Transportes -que pueden ser utilizadas por funcionarios y exfuncionarios para hacer giros- hasta la inexistencia de mecanismos de coordinación con la cartera de Educación para evitar la duplicidad en el otorgamiento de subsidios.
El informe estableció que en la operación del programa no existen normas que regulen el proceso de selección de beneficiarios y no se aplican criterios objetivos y uniformes para escoger los proyectos que serán favorecidos.
Se observó, además, la ausencia de un procedimiento de notificación formal de la nómina de beneficiarios a los operadores privados que reciben el respectivo pago. También se verificaron multas no cursadas por incumplimientos de contratos por un total de $2.849.000.
La Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles a la subsecretaría para responder a la mayoría de las observaciones formuladas y 15 respecto del inicio de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por las debilidades en la operación del programa. Los plazos comenzaron a regir desde fines de agosto de este año.
