Con la intención de que justifique los $265 millones que gastó la municipalidad al finalizar su período como alcaldesa de Santiago, la Contraloría regional metropolitana inició un juicio de cuentas contra Carolina Tohá.
La indagatoria a cargo del contralor regional metropolitano, René Morales, también involucra a otros 14 exfuncionarios municipales, quienes habrían incurrido en gastos improcedentes por ese monto y sin respaldo de dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
El dinero equivale a 5.843,46 UTM ($282 millones al valor actual), dinero que los 15 exfuncionarios deberían reembolsar al fisco.
La información de El Mercurio agrega que la revisión de las cuentas de la municipalidad se realizó en 2018, inspeccionándose el SEP entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, es decir, el último año de la administración de la ex autoridad PPD.
Esa auditoría determinó que recursos de la subvención -que son entregados a los municipios con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, especialmente de los alumnos más vulnerables-, fueron usados para pagar la indemnización de un profesor, contratar la asesoría de una empresa de capacitaciones que no cumplía con los requisitos que impone la ley SEP, comprar bienes para establecimientos educativos no adscritos a la subvención o que no se relacionaban con planes de mejoramiento educativo, entre otros.
Además, detectó inconsistencias y gastos sin respaldos en la rendición de cuentas que hizo el municipio respecto de los recursos SEP en el período analizado ante la Superintendencia de Educación.
En el texto del contralor regional RM se señala que los entonces funcionarios requeridos tuvieron la oportunidad de acreditar la rectificación de las rendiciones de dinero, pero que terminado ese plazo se mantuvo un total de 5.843 UTM en gastos improcedentes y sin respaldo, por lo cual se pide el juicio de cuentas.
Agrega que “para el improbable caso en que usted (la jueza de cuentas) considere que no proceda condenar pecuniariamente” a los exfuncionarios, se aplique “alguna medida disciplinaria”.
Además de Tohá, los otros funcionarios incluidos en el reparo corresponden a quienes se desempeñaban en cargos directivos o como jefes de departamento en las áreas de Educación, Control, Administración y Finanzas, Secretaría Comunal de Planificación y Administración Municipal, por la responsabilidad administrativa que les competía y la obligación de velar por el buen uso de recursos públicos.
El matutino contactó a la exalcaldesa Tohá, quien dijo no tener antecedentes, por lo que declinó referirse al tema.
La indagatoria a cargo del contralor regional metropolitano, René Morales, también involucra a otros 14 exfuncionarios municipales, quienes habrían incurrido en gastos improcedentes por ese monto y sin respaldo de dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
El dinero equivale a 5.843,46 UTM ($282 millones al valor actual), dinero que los 15 exfuncionarios deberían reembolsar al fisco.
La información de El Mercurio agrega que la revisión de las cuentas de la municipalidad se realizó en 2018, inspeccionándose el SEP entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, es decir, el último año de la administración de la ex autoridad PPD.
Esa auditoría determinó que recursos de la subvención -que son entregados a los municipios con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, especialmente de los alumnos más vulnerables-, fueron usados para pagar la indemnización de un profesor, contratar la asesoría de una empresa de capacitaciones que no cumplía con los requisitos que impone la ley SEP, comprar bienes para establecimientos educativos no adscritos a la subvención o que no se relacionaban con planes de mejoramiento educativo, entre otros.
Además, detectó inconsistencias y gastos sin respaldos en la rendición de cuentas que hizo el municipio respecto de los recursos SEP en el período analizado ante la Superintendencia de Educación.
En el texto del contralor regional RM se señala que los entonces funcionarios requeridos tuvieron la oportunidad de acreditar la rectificación de las rendiciones de dinero, pero que terminado ese plazo se mantuvo un total de 5.843 UTM en gastos improcedentes y sin respaldo, por lo cual se pide el juicio de cuentas.
Agrega que “para el improbable caso en que usted (la jueza de cuentas) considere que no proceda condenar pecuniariamente” a los exfuncionarios, se aplique “alguna medida disciplinaria”.
Además de Tohá, los otros funcionarios incluidos en el reparo corresponden a quienes se desempeñaban en cargos directivos o como jefes de departamento en las áreas de Educación, Control, Administración y Finanzas, Secretaría Comunal de Planificación y Administración Municipal, por la responsabilidad administrativa que les competía y la obligación de velar por el buen uso de recursos públicos.
El matutino contactó a la exalcaldesa Tohá, quien dijo no tener antecedentes, por lo que declinó referirse al tema.
