El Consejo para la Transparencia (CPLT) entró al debate sobre una de las mayores controversias de la crisis sanitaria que enfrenta Chile: la entrega de datos de la situación de pandemia en el país por parte del Gobierno.
Por medio de una declaración pública, el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada, y los consejeros Gloria de la Fuente, Marcelo Drago y Francisco Leturia, señalaron que le han enviado al Gobierno “una serie de oficios con propuestas para perfeccionar los procedimientos que se llevan a cabo para dar publicidad a las decisiones públicas, facilitando el acceso a la información de todas las personas, incluidos los organismos técnicos y organizaciones de la sociedad civil”.
De paso, advirtieron que “es importante enfatizar que, dado que se encuentra vigente un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, es obligación de las autoridades competentes dar estricto cumplimiento a su deber de poner en conocimiento de la ciudadanía todas aquellas decisiones que signifiquen restricciones o limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales que correspondan y junto con ello, los fundamentos que les sirvan de sustento”.
El Consejo manifestó que considera relevante “reflexionar sobre los alcances de la ley vigente ya que, si bien ofrece instrumentos de protección a derechos fundamentales que esta institución ejerce con rigor, la situación actual de control de la pandemia nos invita a repensar y fortalecer su alcance”.
El organismo anunció que instará “a que recomendaciones de transparencia proactiva como las planteadas tengan carácter de obligaciones de transparencia activa susceptibles de supervisión, aprovechando para ello la actual discusión de perfeccionamiento legislativo en que se encuentra la Ley de Transparencia vigente”.
Por medio de una declaración pública, el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada, y los consejeros Gloria de la Fuente, Marcelo Drago y Francisco Leturia, señalaron que le han enviado al Gobierno “una serie de oficios con propuestas para perfeccionar los procedimientos que se llevan a cabo para dar publicidad a las decisiones públicas, facilitando el acceso a la información de todas las personas, incluidos los organismos técnicos y organizaciones de la sociedad civil”.
De paso, advirtieron que “es importante enfatizar que, dado que se encuentra vigente un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, es obligación de las autoridades competentes dar estricto cumplimiento a su deber de poner en conocimiento de la ciudadanía todas aquellas decisiones que signifiquen restricciones o limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales que correspondan y junto con ello, los fundamentos que les sirvan de sustento”.
El Consejo manifestó que considera relevante “reflexionar sobre los alcances de la ley vigente ya que, si bien ofrece instrumentos de protección a derechos fundamentales que esta institución ejerce con rigor, la situación actual de control de la pandemia nos invita a repensar y fortalecer su alcance”.
El organismo anunció que instará “a que recomendaciones de transparencia proactiva como las planteadas tengan carácter de obligaciones de transparencia activa susceptibles de supervisión, aprovechando para ello la actual discusión de perfeccionamiento legislativo en que se encuentra la Ley de Transparencia vigente”.
