La Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 345 millones de pesos a vecinos de la cárcel de Chillán, cuyas viviendas resultaron con serios daños por la caída del muro perimetral del penal, producto del terremoto del 27 de febrero de 2010.
En fallo unánime, la tercera sala del máximo tribunal rechazó el recurso de casación deducido en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que acogió la acción judicial por falta de servicio del Estado en los daños provocados por la caída del muro y posterior fuga de los internos de penal.
La sentencia descarta que los fenómenos de la naturaleza, como terremotos o tsunamis, sean hechos imprevistos, por lo que el Estado es responsable por la falta de mantención de los recintos penitenciarios del país.
En dicho contexto, la máxima instancia judicial del país desestimó que a raíz del megasismo del 27/F haya sido un “caso fortuito” la caída de la construcción, agregando que “sólo puede atribuirse el carácter de imprevisto a la intensidad que alcanzará y/o a la oportunidad, o fecha en que ocurrirá (un terremoto), sostuvo el fallo.
Asimismo, el fallo establece la falta de servicio de Gendarmería al no mantener las condiciones de seguridad y mantención de las cárceles del país.
“Que de las normas citadas aparecen claramente establecidos los deberes asignados por ley a Gendarmería de Chile en orden a velar por la seguridad de los establecimientos penitenciarios, y en lo relativo al control de la población penal, correspondiéndole específicamente resguardar y propender al buen uso, conservación y mantención de los mismos, con la adecuada vigilancia de los internos o personas en ellos recluidas “, afirmó la sentencia.
En fallo unánime, la tercera sala del máximo tribunal rechazó el recurso de casación deducido en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que acogió la acción judicial por falta de servicio del Estado en los daños provocados por la caída del muro y posterior fuga de los internos de penal.
La sentencia descarta que los fenómenos de la naturaleza, como terremotos o tsunamis, sean hechos imprevistos, por lo que el Estado es responsable por la falta de mantención de los recintos penitenciarios del país.
En dicho contexto, la máxima instancia judicial del país desestimó que a raíz del megasismo del 27/F haya sido un “caso fortuito” la caída de la construcción, agregando que “sólo puede atribuirse el carácter de imprevisto a la intensidad que alcanzará y/o a la oportunidad, o fecha en que ocurrirá (un terremoto), sostuvo el fallo.
Asimismo, el fallo establece la falta de servicio de Gendarmería al no mantener las condiciones de seguridad y mantención de las cárceles del país.
“Que de las normas citadas aparecen claramente establecidos los deberes asignados por ley a Gendarmería de Chile en orden a velar por la seguridad de los establecimientos penitenciarios, y en lo relativo al control de la población penal, correspondiéndole específicamente resguardar y propender al buen uso, conservación y mantención de los mismos, con la adecuada vigilancia de los internos o personas en ellos recluidas “, afirmó la sentencia.
