El fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, para investigar las presuntas irregularidades que denunció Contraloría contra cinco jefes de administración y finanzas de servicios públicos.
El anuncio lo realizó este lunes el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en medio de la celebración del 90 aniversario de entidad.
Según explicó Bermúdez, la indagatoria incluye a un hospital regional y dos gobernaciones regionales (aún no especificados), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas, y como la investigación es “desformalizada y tiene carácter secreto”, no puede entregar los nombres de las personas que estarían cometiendo delitos.
Respecto de las irregularidades, el contralor detalló que “parece extraño que la persona que toma las decisiones de compra en el servicio le compre a su vez a una empresa de la cual es socio o su cónyuge es socio. Eso evidentemente está penado y es negociación incompatible”.
“El viernes 31 vence el plazo para declaración pública de todos los funcionarios públicos, y ahí tendremos la información completa para hacer el cruce de base de datos en plenitud. Esto que hicimos fue una especie de anticipo (…) fue un primer barrido”, agregó.
Consultado por cómo pudieron detectar las anomalías, Bermúdez indicó que “hemos encontrado algunos funcionarios quienes, pese a tener buenas remuneraciones, no tienen nada en su nombre. Una persona con remuneración de $4 millones de pesos de renta por lo menos debería tener un auto. Nos parece raro que una persona que vive de sueldo de la Escala Única de Remuneraciones tenga cinco autos de lujo y patrimonio por sobre los $200 millones”.
En esa línea, también dijo que “nos parece extraño que el cónyuge de un funcionario tenga más de 2 mil millones de bienes inmuebles en avalúo fiscal”.
El contralor general apuntó a que “este es un primer cruce de información que se produce a raíz de la actualización de declaraciones de patrimonios e intereses, y en consecuencia, uno podría prever que en un futuro aparezcan otras situaciones irregulares que el Ministerio Público investigará para establecer si son o no constitutivos de delitos”.
El anuncio lo realizó este lunes el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en medio de la celebración del 90 aniversario de entidad.
Según explicó Bermúdez, la indagatoria incluye a un hospital regional y dos gobernaciones regionales (aún no especificados), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas, y como la investigación es “desformalizada y tiene carácter secreto”, no puede entregar los nombres de las personas que estarían cometiendo delitos.
Respecto de las irregularidades, el contralor detalló que “parece extraño que la persona que toma las decisiones de compra en el servicio le compre a su vez a una empresa de la cual es socio o su cónyuge es socio. Eso evidentemente está penado y es negociación incompatible”.
“El viernes 31 vence el plazo para declaración pública de todos los funcionarios públicos, y ahí tendremos la información completa para hacer el cruce de base de datos en plenitud. Esto que hicimos fue una especie de anticipo (…) fue un primer barrido”, agregó.
Consultado por cómo pudieron detectar las anomalías, Bermúdez indicó que “hemos encontrado algunos funcionarios quienes, pese a tener buenas remuneraciones, no tienen nada en su nombre. Una persona con remuneración de $4 millones de pesos de renta por lo menos debería tener un auto. Nos parece raro que una persona que vive de sueldo de la Escala Única de Remuneraciones tenga cinco autos de lujo y patrimonio por sobre los $200 millones”.
En esa línea, también dijo que “nos parece extraño que el cónyuge de un funcionario tenga más de 2 mil millones de bienes inmuebles en avalúo fiscal”.
El contralor general apuntó a que “este es un primer cruce de información que se produce a raíz de la actualización de declaraciones de patrimonios e intereses, y en consecuencia, uno podría prever que en un futuro aparezcan otras situaciones irregulares que el Ministerio Público investigará para establecer si son o no constitutivos de delitos”.
