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Detienen a círculo cercano de Ancalao por eventual fraude electoral: este miércoles serán formalizados

Se trata de su pareja Marcela Valenzuela, su primo Max Bustamante, su exjefa de campaña, Denisse Olivares, y su exjefe de comunicaciones, Fabián Olivares, imputados por fraude electoral, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos, y usurpación de identidad.

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La PDI detuvo este martes a los cuatro principales cómplices del fraude electoral con firmas falsas del excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao Gavilán. Los cuatro serán formalizados este miércoles por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata de su pareja Marcela Valenzuela, su primo Max Bustamante, su exjefa de campaña, Denisse Olivares, y su exjefe de comunicaciones, Fabián Olivares, imputados por fraude electoral, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos, y usurpación de identidad.

Además, la fiscalía y la PDI buscan a otros cómplices de Ancalao en este fraude, quienes llenaron fichas y timbraron las inscripciones presentadas en el Servel. Uno de ellos es un estudiante de Derecho que trabajaba en una oficina frente al Centro de Justicia de Santiago y que se encuentra prófugo.

La fiscalía investiga la presentación de más de 23 mil firmas en favor de Ancalao que fueron identificadas como falsas. Junto con los patrocinios irregulares, se indaga su validación fraudulenta, debido a que el notario murió antes de autentificar las firmas presentadas al Servel.

Diego Ancalao fue el primer detenido en el Caso Convenios y se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de agosto pasado, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt como autor de los delitos de lavado de activos, estafas y apropiación indebida de fondos provenientes de órganos del Estado.

Ancalao fue detenido y formalizado por sus vínculos con la Corporación Kimün de Puerto Montt, que recibió una transferencia por $1.200 millones desde el Gobierno Regional de Los Lagos como parte de un convenio destinado a ejecutar un programa de regularización de títulos de dominio que nunca se realizó.

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