Promesas por cumplir y una agenda de derechos humanos que sigue intentando avanzar. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, que recuerda a las víctimas de las dictaduras militares que dejaron su huella oscura en las hojas de la historia latinoamericana y de Chile.
La fecha fue instaurada en 2011 con las gestiones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y que fue respaldada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia fueron parte de ese período marcado por la fuerza de las armas sobre su gente.
Uno de los puntos que más se reciente entre las agrupaciones de derechos humanos es sobre el futuro del penal Punta Peuco. Su cierre habría sido comprometido por la Presidenta Michelle Bachelet a la sobreviviente del caso quemados, Carmen Gloria Quintana, en 2015. Sin embargo, su concreción ha sido esquiva.
Mientras que en Chile Vamos reclaman las condiciones de los reclusos de avanzada edad en el penal, organismos de DD.HH recuerdan que el recinto tiene mejores condiciones que las cárceles públicas.
“Si van a llevar a los detenidos de Punta Peuco a otra cárcel, tiene que ser en condiciones humanas. Con un tratamiento acorde con la dignidad humana, a pesar de los delitos que hayan cometido, pero no podemos incurrir en lo mismo que ellos. Yo apoyaré lo que diga la Presidenta de la República”, dijo Ojeda a La Nación.
“Siempre será un símbolo de las atrocidades de la dictadura y de la poca colaboración del Ejército para encontrar a los desaparecidos y creo que la deuda se mantiene en el tiempo. Las familias siempre van a recordar a sus deudos. Esta fecha conmemorativa debe recordarse como corresponde, pacíficamente”, agregó el parlamentario.
La fecha fue instaurada en 2011 con las gestiones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y que fue respaldada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia fueron parte de ese período marcado por la fuerza de las armas sobre su gente.
Uno de los puntos que más se reciente entre las agrupaciones de derechos humanos es sobre el futuro del penal Punta Peuco. Su cierre habría sido comprometido por la Presidenta Michelle Bachelet a la sobreviviente del caso quemados, Carmen Gloria Quintana, en 2015. Sin embargo, su concreción ha sido esquiva.
Mientras que en Chile Vamos reclaman las condiciones de los reclusos de avanzada edad en el penal, organismos de DD.HH recuerdan que el recinto tiene mejores condiciones que las cárceles públicas.
“Condiciones humanas”
El diputado y presidente de la comisión de Derechos Humanos Sergio Ojeda (DC), destacó la promesa del Ejecutivo para el cierre del penal, pero hizo hincapié en que las condiciones en que se haga el traslado de internos.“Si van a llevar a los detenidos de Punta Peuco a otra cárcel, tiene que ser en condiciones humanas. Con un tratamiento acorde con la dignidad humana, a pesar de los delitos que hayan cometido, pero no podemos incurrir en lo mismo que ellos. Yo apoyaré lo que diga la Presidenta de la República”, dijo Ojeda a La Nación.
“Siempre será un símbolo de las atrocidades de la dictadura y de la poca colaboración del Ejército para encontrar a los desaparecidos y creo que la deuda se mantiene en el tiempo. Las familias siempre van a recordar a sus deudos. Esta fecha conmemorativa debe recordarse como corresponde, pacíficamente”, agregó el parlamentario.
El centro penitenciario Punta Peuco está a su máxima capacidad y el Ejecutivo ya trabaja en un lugar de traslado de internos. (Agencia Uno)
