La Comisión de Agricultura de la Cámara, encabezada por el diputado Iván Flores (DC), presentó una denuncia contra las empresas Soprole, Nestlé y Watt’s ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por una eventual colusión para pagar menos a los productores de leche.
Según los antecedentes, durante los últimos dos años dichas empresas habrían pagado un 22% menos por cada litro de leche, además de subir el precio a los consumidores.
En entrevista con La Nación, Iván Flores destacó que “a nuestro entender hay antecedentes suficientemente contundentes para que la Fiscalía pueda definir que el mercado está distorsionado”.
“En economía esto se define como una posición dominante y abusiva que perjudica tanto a productores, que los tiene al borde del colapso, como a consumidores, haciendo que Chile -que tiene una de las mejores condiciones del mundo para producir leche- tenga uno de los consumos más bajos de este producto”, añade.
Según detalló el diputado, las cabezas de ganado han disminuido casi en un millón y medio en los últimos años porque “los productores no aguantan más, porque las plantas les pagan por debajo del precio de costo”.
“Los productores se vienen quejando hace rato. A fines del año pasado, en la Región de Los Ríos y parte de Osorno cerraron más de 30 lecherías. Cuando cierran no es porque el señor se va a Cancún unos meses, significa que vendió todos sus animales y cerró el negocio o se puso a hacer otra cosa, y eso es grave para la producción nacional de un producto que es de primera necesidad”, complementó.
El parlamentario insistió en forma enérgica que “se está cerrando la producción nacional de leche y nadie hace nada, y lo vienen diciendo los productores hace rato”.
“Lo que tenemos hoy día es un mercado distorsionado que está lejos de ser libre competencia. Chile está en una condición de oligopsonio, es decir, muchos productores y muy pocos compradores”, sentenció en entrevista con La Nación.
Por eso es que espera que la Fiscalía envíe los antecedentes al Tribunal de Libre Competencia y “condene a estas empresas que además de abusar de los productores también abusan de los consumidores”.
Flores puso énfasis en que “esto no es nuevo y esperaba que el Ministerio de Agricultura tomara los conductos regulares, porque esto lo vengo denunciando hace tiempo”.
“Se debe generar un mecanismo de control de la distorsión del mercado. En los países desarrollados no le tienen miedo en meterle mano al mercado cuando se concentra en un par de empresas, cuando pone los precios que quiere al consumidor y productor, (pero) al Estado le tiemblan las rodillas al ponerse firme en favor de los productores y consumidores”, finaliza.
Desde el Ministerio de Agricultura remarcaron a La Nación que “estaremos muy atentos. Nuestra Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) sigue esto atentamente y reúne los antecedentes, y esperamos que la Fiscalía Nacional Económica haga el trabajo que corresponda”.
En 2012 la Corte Suprema ratificó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que declaró culpables a las tres cadenas.
Otro de los casos fue el conocido como el “cartel de los pollos”, el cual acusaba de colusión a las empresas Agrícola Agrosuper, Empresas Ariztía, Agrícola Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA).
Multas por un total de 72 mil Unidades Tributarias Anuales (unos US$ 60 millones), aplicadas por el TDLC, fue parte del fallo.
El año pasado la Fiscalía Nacional Económica presentó otro requerimiento contra Cencosud, Walmart y SMU, por haber acordado fijar -a través de sus proveedores- un precio mínimo de venta de carne de pollo fresca.
Las firmas CMPC Tissue y SCA Chile (ex PISA) también entraron en un conflicto por un requerimiento del TDLC de haber creado un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue.
Según los antecedentes, durante los últimos dos años dichas empresas habrían pagado un 22% menos por cada litro de leche, además de subir el precio a los consumidores.
En entrevista con La Nación, Iván Flores destacó que “a nuestro entender hay antecedentes suficientemente contundentes para que la Fiscalía pueda definir que el mercado está distorsionado”.
“En economía esto se define como una posición dominante y abusiva que perjudica tanto a productores, que los tiene al borde del colapso, como a consumidores, haciendo que Chile -que tiene una de las mejores condiciones del mundo para producir leche- tenga uno de los consumos más bajos de este producto”, añade.
Según detalló el diputado, las cabezas de ganado han disminuido casi en un millón y medio en los últimos años porque “los productores no aguantan más, porque las plantas les pagan por debajo del precio de costo”.
“Los productores se vienen quejando hace rato. A fines del año pasado, en la Región de Los Ríos y parte de Osorno cerraron más de 30 lecherías. Cuando cierran no es porque el señor se va a Cancún unos meses, significa que vendió todos sus animales y cerró el negocio o se puso a hacer otra cosa, y eso es grave para la producción nacional de un producto que es de primera necesidad”, complementó.
El parlamentario insistió en forma enérgica que “se está cerrando la producción nacional de leche y nadie hace nada, y lo vienen diciendo los productores hace rato”.MERCADO “DISTORSIONADO” Y ESTADO “AUSENTE”
El presidente de la Comisión de Agricultura apunta los dardos al mercado y al Estado que, a su juicio, “le tiemblan las rodillas”.“Lo que tenemos hoy día es un mercado distorsionado que está lejos de ser libre competencia. Chile está en una condición de oligopsonio, es decir, muchos productores y muy pocos compradores”, sentenció en entrevista con La Nación.
Por eso es que espera que la Fiscalía envíe los antecedentes al Tribunal de Libre Competencia y “condene a estas empresas que además de abusar de los productores también abusan de los consumidores”.
Flores puso énfasis en que “esto no es nuevo y esperaba que el Ministerio de Agricultura tomara los conductos regulares, porque esto lo vengo denunciando hace tiempo”.
“Se debe generar un mecanismo de control de la distorsión del mercado. En los países desarrollados no le tienen miedo en meterle mano al mercado cuando se concentra en un par de empresas, cuando pone los precios que quiere al consumidor y productor, (pero) al Estado le tiemblan las rodillas al ponerse firme en favor de los productores y consumidores”, finaliza.
Desde el Ministerio de Agricultura remarcaron a La Nación que “estaremos muy atentos. Nuestra Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) sigue esto atentamente y reúne los antecedentes, y esperamos que la Fiscalía Nacional Económica haga el trabajo que corresponda”.
OTROS CASOS DE COLUSIÓN
El caso de la leche no es el primero de colusión que se registra en Chile. En el año 2008 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) demandó a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por colusión de precios de 220 medicamentos generando un repudio generalizado en la opinión pública.En 2012 la Corte Suprema ratificó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que declaró culpables a las tres cadenas.
Otro de los casos fue el conocido como el “cartel de los pollos”, el cual acusaba de colusión a las empresas Agrícola Agrosuper, Empresas Ariztía, Agrícola Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA).
Multas por un total de 72 mil Unidades Tributarias Anuales (unos US$ 60 millones), aplicadas por el TDLC, fue parte del fallo.
El año pasado la Fiscalía Nacional Económica presentó otro requerimiento contra Cencosud, Walmart y SMU, por haber acordado fijar -a través de sus proveedores- un precio mínimo de venta de carne de pollo fresca.
Las firmas CMPC Tissue y SCA Chile (ex PISA) también entraron en un conflicto por un requerimiento del TDLC de haber creado un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue.
