La Cámara de Diputados aprobó este jueves, por 74 votos a favor y 6 abstenciones, el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y que restringe beneficios que no conducen a rehabilitación en casos de los delitos más graves cometidos por menores sobre los 16 años. El texto legal será visto ahora por el Senado, en segundo trámite legislativo.
Los diputados también respaldaron que la ley se llame “Joaquín Fernández Cáceres“, en recuerdo del estudiante de 18 años de edad asaltado y asesinado el 7 de septiembre de 2016 por un adolescente de 16 años en Rancagua para robarle su celular, mientras la víctima jugaba al Pokémon Go.
El proyecto corresponde a una moción de los diputados Marcela Sabat (RN), Issa Kort (UDI), Ramón Barros (Ind), Juan Antonio Coloma (UDI), Daniel Farcas (PPD), Felipe Letelier (PPD), Javier Macaya (UDI), Jorge Sabag (DC), Gabriel Silber (DC) y Renzo Trisotti (UDI).
La iniciativa fue presentada a fines del año pasado por el diputado Kort y responde a la solicitud hecha por un movimiento ciudadano que nació en Rancagua tras el asesinato de Fernández.
Según explicó el parlamentario, si bien el proyecto mantiene la distinción en el rango de penas aplicables a los menores de edad respecto de los adultos, se introduce una modificación a la ley 20.084 de Responsabilidad penal Adolescente con el fin de distinguir entre dos tramos etarios, de 14 a 15 y 16 a 17 años, restringiendo para este último grupo ciertos beneficios que no conducirían a la rehabilitación en casos de delitos más graves.
Así, por ejemplo, en casos cuya pena supere los 541 días, “se restringen los trabajos comunitarios como sanción”, de manera que esta sea más drástica. Y ante la posibilidad de que un juez determine la libertad de un imputado, dicha condición solo podrá corresponder a la llamada “libertad asistida”, pues –subrayó el diputado- “es la forma más eficiente para reintegrar a un joven a nuestra sociedad”.
Asimismo, Kort explicó que la iniciativa “busca dar obligación a los jueces de informar, por escrito y en derecho, cuando decidan otorgar la libertad a un menor de edad que está siendo procesado”.
Los diputados también respaldaron que la ley se llame “Joaquín Fernández Cáceres“, en recuerdo del estudiante de 18 años de edad asaltado y asesinado el 7 de septiembre de 2016 por un adolescente de 16 años en Rancagua para robarle su celular, mientras la víctima jugaba al Pokémon Go.
El proyecto corresponde a una moción de los diputados Marcela Sabat (RN), Issa Kort (UDI), Ramón Barros (Ind), Juan Antonio Coloma (UDI), Daniel Farcas (PPD), Felipe Letelier (PPD), Javier Macaya (UDI), Jorge Sabag (DC), Gabriel Silber (DC) y Renzo Trisotti (UDI).
La iniciativa fue presentada a fines del año pasado por el diputado Kort y responde a la solicitud hecha por un movimiento ciudadano que nació en Rancagua tras el asesinato de Fernández.
Según explicó el parlamentario, si bien el proyecto mantiene la distinción en el rango de penas aplicables a los menores de edad respecto de los adultos, se introduce una modificación a la ley 20.084 de Responsabilidad penal Adolescente con el fin de distinguir entre dos tramos etarios, de 14 a 15 y 16 a 17 años, restringiendo para este último grupo ciertos beneficios que no conducirían a la rehabilitación en casos de delitos más graves.
Así, por ejemplo, en casos cuya pena supere los 541 días, “se restringen los trabajos comunitarios como sanción”, de manera que esta sea más drástica. Y ante la posibilidad de que un juez determine la libertad de un imputado, dicha condición solo podrá corresponder a la llamada “libertad asistida”, pues –subrayó el diputado- “es la forma más eficiente para reintegrar a un joven a nuestra sociedad”.
Asimismo, Kort explicó que la iniciativa “busca dar obligación a los jueces de informar, por escrito y en derecho, cuando decidan otorgar la libertad a un menor de edad que está siendo procesado”.
