Durante una reunión con el fiscal nacional económico (s), Mario Ybar, el director Aarón Cavieres proporcionó la información de los contratos con las empresas que prestan servicios de aeronaves y que en España e Italia están siendo investigadas por colusión, soborno y tráfico de influencia.

Con el fin de colaborar en esclarecer las dudas que existen en torno a los contratos que lleva a cabo Conaf en materia de aeronaves para el combate de incendios forestales, el director ejecutivo de esa entidad, Aarón Cavieres, entregó una serie de antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Según un reportaje de Mega, las firmas Faasa, Inaer y Martínez Vidau están siendo investigadas en España e Italia por colusión, tráfico de influencias, sobornos y cohecho, entre otros delitos, debido a las dudas sobre cómo llegaban a ganar varios concursos públicos.

Durante una reunión con el fiscal nacional económico (s), Mario Ybar, la máxima autoridad de Conaf proporcionó los antecedentes de los contratos establecidos con las empresas que prestan servicios de aeronaves.

Luego del encuentro, Cavieres expresó que “estamos solicitando a la Fiscalía Nacional Económica que haga las investigaciones que correspondan para aclarar la situación. Como Conaf estamos comprometidos en la labor que nos toca hacer y hemos actuado siempre con transparencia”.

En la oportunidad, al consultársele por qué no se saca de las licitaciones a las empresas con antecedentes de delitos en España e Italia, Cavieres puntualizó que en Chile no existen denuncias, y agregó que “entendemos la preocupación y suspicacias, pero lamentablemente las denuncias de la prensa no constituyen evidencia para proceso judicial de esta naturaleza”.

“Necesitamos que se haga una denuncia formal a la justicia, con antecedentes de delitos que hayan sido cometidos en Chile. No en otro lugar del mundo. Los procesos de adquisición de bienes o arriendo de servicios son regulados por la Ley de Compras Públicas. El Gobierno no puede excluir a ningún proveedor mientras no incumpla las exigencias establecidas en la Ley de Compras Públicas”, añadió.

Acerca de la posibilidad de poner fin a los contratos por la investigación en Europa, el director de Conaf puntualizó que “si bien entendemos esa inquietud, las acciones judiciales en otros países no tienen efectos legales en Chile. Es por ello que estamos poniendo todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía Nacional Económica, porque nosotros somos los primeros a quien interesa que se aclare la situación”.

Sobre los contratos que tiene Conaf con algunas de las empresas cuestionadas, Cavieres puntualizó que la entidad que dirige tiene contratados los servicios de 33 aeronaves, de las cuales nueve corresponden a las empresas involucradas en la investigación en España e Italia, equivalentes al 27%.

Y que de esas nueve aeronaves, cuatro corresponden a licitaciones de 2014, cuatro corresponden a licitaciones por trato directo donde el proveedor realizó la oferta más baja, y una -de un total de 14- que fue contratada en el marco de la emergencia. “No resulta efectivo que se haya priorizado a una empresa en particular”, dijo.

Finalmente, respecto de la designación de la fiscal Ximena Chong para investigar eventuales delitos realizados por las empresas que trabajan en el negocio de arriendo de aeronaves en Chile, el director ejecutivo de Conaf sostuvo que “nosotros somos los más interesados en investigar todo tipo de situaciones que podrían ser irregulares. Esperamos que la Fiscalía pueda entregar luces sobre esta situación, y desde ya ofrecemos toda nuestra colaboración en las investigaciones”.