Un informe interno encargado a la consultora Isonomía, arrojó un negativo diagnóstico de lo que ocurre en el Ministerio Público en materia de equidad de género.

Entre los resultados del estudio que contrató el Ministerio Público, llama la atención la brecha salarial entre las fiscales mujeres y sus pares, así como también casos de acoso sexual a estudiantes en práctica y la no aplicación de protocolos internos al momento de la persecución penal en delitos de violencia intrafamiliar.

En cuanto a las diferencias en las remuneraciones, el informe resalta que existe una política de sueldos con una estructura definida por grados y que, en promedio, las mujeres perciben -21,4% respecto de los hombres.

“La mayor brecha salarial se ubica en el estamento de fiscales (-10%), seguido del estamento de auxiliares (-6%), no evidenciándose ninguna variable objetiva que pudiese explicar este tipo de desigualdad”, indica el análisis.

Esa situación no se relaciona con la presencia mayoritaria de varones en el cargo de persecutores adjuntos jefes, cargo que es de confianza del/de la fiscal regional y que, por tanto, “no responde a criterios necesariamente objetivos”.

A la vez, se hace una diferencia por grados y años de contrato en la institución. Por ejemplo, las mujeres que llevan 13 años o más en la fiscalía, tienen una grieta en su sueldo sobre el 20% en comparación a sus pares masculinos, incluso, para quienes llevan menos de un año, aumenta a un 58,8%.

ACOSO SEXUAL Y LABORAL

Además de esa diferencia, el reporte muestra la existencia de acoso sexual y laboral en el seno del Ministerio Público, entidad en la que no debieran ocurrir delitos que la misma institución persigue.

En lo que respecta al acoso sexual, la indagatoria de Insonomía precisa que “es necesario indicar que la mayoría de estos casos fueron vivenciados por mujeres, particularmente estudiantes en práctica, lo cual es preocupante, además, porque en muchas ocasiones las jóvenes no denuncian el acoso sexual, ya que la mayoría no identifica que es víctima de dicha forma de violencia”.

Subraya que “en la generalidad de los casos, tiene peso importante el hecho de que su situación podría empeorar si se quejan del comportamiento inadecuado de alguna jefatura, sustentándose en una relación de poder que ubica a la víctima en una posición de vulnerabilidad”.

En materia de trabajo, otra situación de la que se hizo notar en el informe es sobre las mujeres embarazadas y quienes vuelven de su posnatal. “En algunas fiscalías aún se ‘castiga’ a las mujeres al regreso de sus licencias de pre y posnatal, con prácticas como sobrecarga laboral, cambios en la infraestructura que deja sin lugar de trabajo a la mujer-madre, entre otros”.

El análisis concluyó también que el uso del lenguaje también sería un problema. “Se observa una gran diferencia por sexo, en que las mujeres tienden a mostrar mayor incomodidad ante ‘chistes’ o ‘bromas’ de contenido sexual en el espacio laboral, destacando lo que ocurre con las abogadas asesoras y abogadas ayudante de fiscal”.

Acota que asimismo “se detecta incomodidad en ciertos miembros de la institución ante el uso de expresiones sexistas y homofóbicas”.

DESCONOCIMIENTO

Otro de los resultados que llamaron la atención fue que pese a documentos para perseguir delitos contra mujeres y niños, niñas y adolescentes, “un alto porcentaje de fiscales, abogados/as asistentes y abogados/as asesores, declara no tener conocimiento de ellos”.

No obstante, señala que “la mayoría de los o las fiscales reconocen los delitos sexuales y los delitos vinculados a la violencia de género, como prioritarios”.

Sin embargo, se destacó la creación de unidades de atención a víctimas, una paridad de género en términos de dotación y el tener un comité especial para atender estos temas.

El documento propone soluciones para cada uno de los temas detectados, como la capacitación de funcionarios y la creación de normativas internas para tener una política de género.

Este jueves, en tanto, se realizará un seminario en la Fiscalía Nacional abordando parte de estos objetivos.