.Santiago González, rector Universidad Central.
La Contraloría General de la Republica publicó el estudio, “Financiamiento Fiscal a la Educación Superior año 2017”, que trae un apartado sobre financiamiento fiscal para gratuidad. Esto permite ver como el Fisco distribuye los recursos entre las universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), dando una orientación de la forma en que el Estado invierte en educación superior.
En 2017 el país invirtió US$ 3.073 millones en este ítem, de los cuales un 39,2% (US$1.205 MM) fueron a los estudiantes en créditos y becas, un 27% (US$ 831 MM) directo a las instituciones y un 33,8% (US$ 1.037 MM) para la gratuidad.
Si hacemos foco en los recursos destinados directamente a las instituciones de educación superior, vemos que de los US$ 831 MM, un 55,5% (US$ 461 MM) se destinan a las universidades estatales del Consejo de Rectores de Chile (Cruch) -que son 18-, un 37,3% (US$ 309 MM) a las universidades no estatales de este Consejo (9) y un 7,2% (US$ 60MM) al resto de la instituciones (137), que incluye universidades privadas, IP y CFT.
Las universidades del Cruch (27) reciben del Fisco US$ 770 MM anuales, equivalente al 93% de los recursos que el Estado destina directamente a instituciones de educación superior. Esto demuestra la inequidad en la asignación de recursos en educación superior, explica el interés de las universidades por ingresar al Consejo, y lo discriminatorio que resulta para otras universidades acreditadas el no tener acceso a participar de esa instancia académica.
Respecto a las cifras de gratuidad, de las 44 instituciones adscritas a esta política, 27 pertenecen al Cruch, 5 a universidades privadas, 6 a IP y 6 a CFT. El déficit que genera este sistema en las instituciones, es decir la diferencia entre aranceles reales y aranceles de gratuidad que debe ser financiado por las instituciones, alcanza a la suma de US$ 26,5 MM anuales, de los cuales el 83% (US$ 22 MM) recae en las instituciones privadas. Una segunda conclusión: las universidades del Cruch financian la gratuidad con los aportes directos adicionales que les entrega el Fisco, las universidades privadas deben hacerlo con recursos propios y de sus estudiantes.
El informe de la Contraloría refleja una inequidad tan clara y evidente hacia los estudiantes que llama a una profunda reflexión, respecto de si la asignación de recursos públicos en nuestro sistema de educación superior tiene lógica, con la política de educación superior mixta y gratuidad parcial que se ha dado el país y su impacto en la calidad, agravado por el hecho de que del total de jóvenes en la educación superior, el 72% es decir 897.753, estudia en instituciones privadas, no pertenecientes al Cruch.
.Santiago González, rector Universidad Central.
La Contraloría General de la Republica publicó el estudio, “Financiamiento Fiscal a la Educación Superior año 2017”, que trae un apartado sobre financiamiento fiscal para gratuidad. Esto permite ver como el Fisco distribuye los recursos entre las universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), dando una orientación de la forma en que el Estado invierte en educación superior.
En 2017 el país invirtió US$ 3.073 millones en este ítem, de los cuales un 39,2% (US$1.205 MM) fueron a los estudiantes en créditos y becas, un 27% (US$ 831 MM) directo a las instituciones y un 33,8% (US$ 1.037 MM) para la gratuidad.
Si hacemos foco en los recursos destinados directamente a las instituciones de educación superior, vemos que de los US$ 831 MM, un 55,5% (US$ 461 MM) se destinan a las universidades estatales del Consejo de Rectores de Chile (Cruch) -que son 18-, un 37,3% (US$ 309 MM) a las universidades no estatales de este Consejo (9) y un 7,2% (US$ 60MM) al resto de la instituciones (137), que incluye universidades privadas, IP y CFT.
Las universidades del Cruch (27) reciben del Fisco US$ 770 MM anuales, equivalente al 93% de los recursos que el Estado destina directamente a instituciones de educación superior. Esto demuestra la inequidad en la asignación de recursos en educación superior, explica el interés de las universidades por ingresar al Consejo, y lo discriminatorio que resulta para otras universidades acreditadas el no tener acceso a participar de esa instancia académica.
Respecto a las cifras de gratuidad, de las 44 instituciones adscritas a esta política, 27 pertenecen al Cruch, 5 a universidades privadas, 6 a IP y 6 a CFT. El déficit que genera este sistema en las instituciones, es decir la diferencia entre aranceles reales y aranceles de gratuidad que debe ser financiado por las instituciones, alcanza a la suma de US$ 26,5 MM anuales, de los cuales el 83% (US$ 22 MM) recae en las instituciones privadas. Una segunda conclusión: las universidades del Cruch financian la gratuidad con los aportes directos adicionales que les entrega el Fisco, las universidades privadas deben hacerlo con recursos propios y de sus estudiantes.
El informe de la Contraloría refleja una inequidad tan clara y evidente hacia los estudiantes que llama a una profunda reflexión, respecto de si la asignación de recursos públicos en nuestro sistema de educación superior tiene lógica, con la política de educación superior mixta y gratuidad parcial que se ha dado el país y su impacto en la calidad, agravado por el hecho de que del total de jóvenes en la educación superior, el 72% es decir 897.753, estudia en instituciones privadas, no pertenecientes al Cruch.
.Santiago González, rector Universidad Central.
