Las autoridades de Estados Unidos se preparan para su décima y última ejecución del año, por la decisión del presidente Donald Trump de llevar a cabo una serie de castigos capitales antes de dejar el cargo.
Alfred Bourgeois, un hombre negro condenado a muerte por el asesinato de su hija de dos años, debería recibir una inyección letal en una prisión de Terre Haute, Indiana, un día después que otro condenado, Brandon Bernard, fuera ejecutado también en Terre Haute.
Luego de una prueba de paternidad, Bourgeois, un exconductor de camión de 55 años, tomó la custodia temporal de su hija y la llevó a una ruta durante parte del verano boreal de 2002. Abusó de ella y le rompió el cráneo con el parabrisas.
Dado que el crimen tuvo lugar en una base militar donde realizaba una entrega, fue juzgado en un tribunal federal y condenado a muerte en 2004. Ha permanecido en el corredor de la muerte desde entonces.
Estados Unidos suspendió las ejecuciones federales a partir de 2003, en particular debido a dudas sobre la legalidad de las drogas inyectadas a los condenados.
Sin embargo, Trump las reinició en julio, a pesar de que los estados que todavía usan la pena capital han retrasado su aplicación debido a los peligros que representa para el personal penitenciario y los testigos por la pandemia de Covid-19.
Siete ejecuciones federales se produjeron antes de las elecciones del 3 de noviembre, que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden.
El futuro presidente se ha comprometido a trabajar con el Congreso para poner fin a las ejecuciones federales.
Durante 131 años, los presidentes salientes suspendieron las ejecuciones federales durante el período de transición. Pero la administración Trump ha anunciado seis ejecuciones entre noviembre y enero, incluida la de Bourgeois.
Los abogados de Bourgeois pidieron a la Corte Suprema que intervenga, alegando que padece una discapacidad mental. Si el tribunal no interviene, será la decimoséptima ejecución en 2020, la décimo a nivel federal, el nivel más alto en más de un siglo.
