Mediante un comunicado, la institución se refirió al caso del uniformado de civil, quien ese día portaba un arma cortopunzante, razón por la que la Fiscalía Metropolitana Oriente lo formalizó y el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.
“El efectivo fue agredido por un grupo de manifestantes mientras se encontraba efectuando labores de seguridad militar con la finalidad de anticipar posibles ataques a cuarteles ubicados en la zona”.
La rama castrense subrayó que dicho trabajo consiste en “prevenir la ocurrencia de hechos que puedan afectar a las instalaciones militares, que custodian armamento y munición de guerra, y su uso puede tener efectos letales”, por lo que, “de ser sustraídas afectarían gravemente a los ciudadanos y la seguridad de la nación y cuya responsabilidad de resguardo recae en la propia institución”.
En ese sentido, el Ejército mencionó que desde el 18 de octubre del año recién pasado diferentes unidades e instalaciones han sufrido un total de 57 ataques, “incluso en las últimas semanas, en que se ha visto afectado tanto personal militar que las custodia, hombres y mujeres, como la propia infraestructura militar”.
Remarcó también que, “sin perjuicio de la investigación que efectúa la fiscalía local, en la cual el afectado y la propia institución se encuentran entregando toda la colaboración necesaria, el Ejército de Chile manifiesta tajantemente su repudio a la agresión sufrida por el funcionario”.
Asimismo, reiteró su compromiso y el de todos sus integrantes de su “permanente disposición a proteger y respetar a la ciudadanía, sin distinciones”, concluyó la nota.