El embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, admitió haber condicionado la ayuda militar a Ucrania a cambio que el gobierno de ese país investigara a Joe Biden, el principal rival demócrata del presidente Donald Trump.
El diplomático reconoció ante los legisladores que llevan adelante la pesquisa para destituir al mandatario estadounidense por cohecho, haber dicho a un asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que la ayuda militar estadounidense no sería entregada hasta que Kiev garantizara públicamente que investigaría los lazos de Biden y su hijo con la compañía energética Burisma.
En su versión entregada el pasado 17 de octubre a los legisladores de la instancia que indaga a Trump y difundido este martes, Sonland reconoció que propuso el quid pro quo (del latín, “algo a cambio de algo”) supuestamente ilegal.
Esto fue negado por Trump repetidamente, en una conversación, el 1 de septiembre, con Andrey Yermak, un alto consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
El embajador dijo que eso fue la culminación de meses de presión sobre Kiev, principalmente a través del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, para abrir investigaciones “anticorrupción” sobre los Biden y sobre la creencia -sin fundamentos- de Trump de que Ucrania ayudó a los demócratas en las elecciones de 2016.
Gordon Sonland le dijo a Yermak que “la reanudación de la ayuda estadounidense probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionase el informe anticorrupción que habíamos estado discutiendo durante semanas”, dijo a los investigadores.
El embajador ante la Unión Europea, designado por el propio gobernante e Estados Unidos, después de donar un millón de dólares para su toma de posesión, era plenamente consciente de la relación entre los US$ 391 millones en ayuda militar de Estados Unidos y la ayuda de Ucrania a Trump para luchar por su reelección el próximo año.
Sondland admitió además ante los legisladores que llevan adelante la investigación previa a un eventual juicio político contra el presidente que entendía que el vínculo entre la investigación y la ayuda militar era “incorrecto”.
Consultado sobre si esto era ilegal, el embajador respondió: “No soy abogado, pero presumo que sí”.
El diplomático reconoció ante los legisladores que llevan adelante la pesquisa para destituir al mandatario estadounidense por cohecho, haber dicho a un asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que la ayuda militar estadounidense no sería entregada hasta que Kiev garantizara públicamente que investigaría los lazos de Biden y su hijo con la compañía energética Burisma.
En su versión entregada el pasado 17 de octubre a los legisladores de la instancia que indaga a Trump y difundido este martes, Sonland reconoció que propuso el quid pro quo (del latín, “algo a cambio de algo”) supuestamente ilegal.
Esto fue negado por Trump repetidamente, en una conversación, el 1 de septiembre, con Andrey Yermak, un alto consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
El embajador dijo que eso fue la culminación de meses de presión sobre Kiev, principalmente a través del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, para abrir investigaciones “anticorrupción” sobre los Biden y sobre la creencia -sin fundamentos- de Trump de que Ucrania ayudó a los demócratas en las elecciones de 2016.
Gordon Sonland le dijo a Yermak que “la reanudación de la ayuda estadounidense probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionase el informe anticorrupción que habíamos estado discutiendo durante semanas”, dijo a los investigadores.
El embajador ante la Unión Europea, designado por el propio gobernante e Estados Unidos, después de donar un millón de dólares para su toma de posesión, era plenamente consciente de la relación entre los US$ 391 millones en ayuda militar de Estados Unidos y la ayuda de Ucrania a Trump para luchar por su reelección el próximo año.
Sondland admitió además ante los legisladores que llevan adelante la investigación previa a un eventual juicio político contra el presidente que entendía que el vínculo entre la investigación y la ayuda militar era “incorrecto”.
Consultado sobre si esto era ilegal, el embajador respondió: “No soy abogado, pero presumo que sí”.
