En una actividad realizada en el Paseo Bulnes, el ministro de Economía, José Ramón Valente, y el director del Sernac, Lucas Del Villar, se refirieron a la normativa.
Valente valoró la entrada en vigencia de la normativa legal que además moderniza al Servicio y entrega la posibilidad de realizar Procedimientos Voluntarios Colectivos cuando exista voluntad de las compañías para compensar adecuadamente a los usuarios y ajustar sus prácticas a la normativa.
“Hoy comienza un Sernac renovado en pos de la protección de los consumidores, tema que es muy relevante y prioritaria para el Gobierno. Esta nueva ley llega para implementar una serie de medidas que permitirán que los ciudadanos tengan un marco legal que los proteja y, al mismo tiempo, que permita que las empresas mejoren su relación con ellos”, sostuvo el titular de Economía.
Lucas Del Villar, destacó que la entrada en vigencia de esta ley implica que a partir de esta jornada existe un nuevo servicio, que cuenta con una serie de facultades que le permitirán defender de mejor manera a los consumidores del país.
La normativa, agregó, establece los incentivos suficientes para que las empresas actúen profesionalmente y ajusten sus prácticas de raíz en sus procesos, lo que redundará en relaciones de consumo más equilibradas entre los consumidores y las empresas, y en mercados más transparentes.
“La nueva ley fortalece la protección de los consumidores a través del rol fiscalizador del Sernac y habrá menos incentivos para que las empresas infrinjan la ley como mayores multas e indemnizaciones, procesos más cortos, así como también, la oportunidad de presentar soluciones adecuadas y oportunas en los Procedimientos Voluntarios Colectivos”, detalló.
La ley le entrega al Sernac nuevas herramientas para proteger los derechos de los consumidores, entre ellas, la facultad de fiscalizar a las empresas, las que estarán obligadas a entregar a los fiscalizadores toda información, documento, libro o antecedentes necesarios para verificar que se están respetando los derechos de los clientes.
A partir de ahora, el organismo incluso podrá citar a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas de forma obligatoria. Si no van a declarar, el juez de policía local podría ordenar su arresto para que comparezcan, entre otras consideraciones.