Tras darse a conocer una serie de casos de acoso cibernético entre niños y adolescentes, incluso algunos con trágicos resultados, en junio de 2018, la Superintendencia de Educación anunció que sería obligatorio que se actualizaran los reglamentos internos de convivencia escolar (RICE) de todos los colegios y liceos chilenos.
La idea, planteada hace seis meses, era que los colegios contaran con herramientas concretas y efectivas para prevenir el ciberbullying y cualquier otra forma de agresión u hostigamiento causados a través de celulares, medios digitales o redes sociales.
Entonces, la Superintendencia estableció que los reglamentos internos de convivencia escolar deberían empezar a “incorporar estrategias de información y capacitación para prevenir el maltrato, acoso escolar, o violencia física o psicológica, manifestada a través de cualquier medio, material o digital (redes sociales, páginas de internet, videos, fotografías,etc.) entre miembros de la comunidad educativa”, y determinar la forma de proceder ante prácticas como “ciberbullying, grooming, fishing, sexting, happy-slapping, entre otras”.
Con esa base, el académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Ricardo Leiva, y su ayudante, María Ignacia Vivanco, realizaron el estudio “Reglas explícitas de los colegios y liceos para controlar el uso del celular y el ciberacoso”, el que tuvo por fin revisar los reglamentos internos de convivencia escolar de 1.036 colegios privados, subvencionados y municipales, para saber si esos manuales se habían actualizado siguiendo las instrucciones de la Superintendencia.
El análisis determinó que solo en 91 casos, correspondientes al 8,8%, se prohíbe explícitamente el ciberacoso, aunque sin especificar en el texto cuáles serían las sanciones que recibirían los eventuales responsables. En otros 30 casos, se menciona el ciberbullying o ciberacoso como una conducta vetada por el establecimiento y además se dan a conocer sanciones concretas y específicas para combatirlo.
“Se puede constatar un retraso evidente y preocupante de las instituciones educacionales de nuestro país, que parecen no estar adecuando sus reglamentos internos de convivencia escolar con la rapidez que imponen las nuevas tecnologías, y no se están adaptando a las nuevas formas de relacionamiento de los menores”, sostiene Ricardo Leiva.
De hecho, en el marco del lanzamiento de la campaña “Hay Palabras que Matan”, la ministra Marcela Cubillos dio a conocer que las denuncias por ciberacoso han aumentado en un 63% entre 2017 y 2018.
Ante este escenario, el estudio detectó que el 31% de los establecimientos prohíbe a sus estudiantes ingresar con su celular. Los colegios privados y subvencionados son mucho más estrictos, pues el 32% de ellos exige este comportamiento, versus el 19% de los liceos municipales.
En cambio, cuando se trata de guardar o apagar el dispositivo móvil durante las clases, la cifra más alta se da en los liceos, ya que el 54% lo demanda a sus estudiantes. En los colegios pagados, en cambio, es un 42%, y en los subvencionados un 43%.
Además, el 13% de los liceos municipales manifiesta que depende del profesor si es obligatorio apagar o guardar el celular, cifra que sube a 17% en los colegios pagados, y baja al 9% en los subvencionados.
Por último, entre los principales resultados, se indica que el 3% de los establecimientos analizados obliga a los estudiantes a guardar o apagar el dispositivo móvil solamente durante controles y prue
La idea, planteada hace seis meses, era que los colegios contaran con herramientas concretas y efectivas para prevenir el ciberbullying y cualquier otra forma de agresión u hostigamiento causados a través de celulares, medios digitales o redes sociales.
Entonces, la Superintendencia estableció que los reglamentos internos de convivencia escolar deberían empezar a “incorporar estrategias de información y capacitación para prevenir el maltrato, acoso escolar, o violencia física o psicológica, manifestada a través de cualquier medio, material o digital (redes sociales, páginas de internet, videos, fotografías,etc.) entre miembros de la comunidad educativa”, y determinar la forma de proceder ante prácticas como “ciberbullying, grooming, fishing, sexting, happy-slapping, entre otras”.
Con esa base, el académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Ricardo Leiva, y su ayudante, María Ignacia Vivanco, realizaron el estudio “Reglas explícitas de los colegios y liceos para controlar el uso del celular y el ciberacoso”, el que tuvo por fin revisar los reglamentos internos de convivencia escolar de 1.036 colegios privados, subvencionados y municipales, para saber si esos manuales se habían actualizado siguiendo las instrucciones de la Superintendencia.
El análisis determinó que solo en 91 casos, correspondientes al 8,8%, se prohíbe explícitamente el ciberacoso, aunque sin especificar en el texto cuáles serían las sanciones que recibirían los eventuales responsables. En otros 30 casos, se menciona el ciberbullying o ciberacoso como una conducta vetada por el establecimiento y además se dan a conocer sanciones concretas y específicas para combatirlo.
“Se puede constatar un retraso evidente y preocupante de las instituciones educacionales de nuestro país, que parecen no estar adecuando sus reglamentos internos de convivencia escolar con la rapidez que imponen las nuevas tecnologías, y no se están adaptando a las nuevas formas de relacionamiento de los menores”, sostiene Ricardo Leiva.
AUMENTO DE DENUNCIAS
Si solo el 9,8% de los colegios y liceos chilenos prohíbe explícitamente el ciberacoso, existe un evidente retraso en esta materia, más aún si se considera que, según un artículo publicado por la Revista Chilena de Pediatría, el ciberbullying afecta al 14% de los estudiantes de liceos municipales, al 12,5% de los estudiantes de colegios subvencionados, y al 11,6% de los alumnos de colegios particulares.De hecho, en el marco del lanzamiento de la campaña “Hay Palabras que Matan”, la ministra Marcela Cubillos dio a conocer que las denuncias por ciberacoso han aumentado en un 63% entre 2017 y 2018.
Ante este escenario, el estudio detectó que el 31% de los establecimientos prohíbe a sus estudiantes ingresar con su celular. Los colegios privados y subvencionados son mucho más estrictos, pues el 32% de ellos exige este comportamiento, versus el 19% de los liceos municipales.
En cambio, cuando se trata de guardar o apagar el dispositivo móvil durante las clases, la cifra más alta se da en los liceos, ya que el 54% lo demanda a sus estudiantes. En los colegios pagados, en cambio, es un 42%, y en los subvencionados un 43%.
Además, el 13% de los liceos municipales manifiesta que depende del profesor si es obligatorio apagar o guardar el celular, cifra que sube a 17% en los colegios pagados, y baja al 9% en los subvencionados.
Por último, entre los principales resultados, se indica que el 3% de los establecimientos analizados obliga a los estudiantes a guardar o apagar el dispositivo móvil solamente durante controles y prue