La concreción de la Hidroeléctrica significaba inundar 5900 ha de reservas naturales, con el compromiso de alimentar hasta el 20% de la demanda del Sistema Interconectado Central (SIC). El punto pendiente es que el Estado recupere los derechos de agua destinados al frustrado proyecto, trámite que podría producirse en los próximos meses y que grupos ambientalistas ya califican como un triunfo.
Una de las personas que estuvo detrás de las movilizaciones contra la hidroeléctrica es el abogado y actual candidato a diputado por el Distrito 12 con apoyo del Frente Amplio, Luis Mariano Rendón, quien en conversación con La Nación consideró el momento como “histórico”.
“Eso sería la coronación final del mayor triunfo ciudadano en la historia chilena desde el regreso de la democracia. A partir de una lucha social logramos derrotar a una gran trasnacional como es ENEL junto a uno de los mayores grupos económicos Matte -por medio de su filial Colbún- y a un gran número de políticos serviles que los autorizaron en un inicio. Es un gran triunfo para la ciudadanía y una demostración que cuando la gente se organiza es posible derrotar intereses, por poderosos que sean”, dijo Rendón.
Además, el candidato parlamentario consideró que este desenlace “deja de manifiesto que toda esa campaña del terror que se sembró, en que decían que sin Hidroaysen íbamos a quedar a oscuras era absolutamente falsa y que hoy el país -cuando no se le ha permitido a las transnacionales depredar los recursos naturales- se orienta por el buen camino, el de la energía renovable”.
Alto Maipo, el otro conflicto
Pero no es la única pelea que ocupa el tiempo de Rendón. En el Cajón del Maipo se sigue avanzando en el proyecto Alto Maipo, con algunas de sus obras que alcanzan el 30% de desarrollo, pero que presenta problemas de financiamiento desde la salida del Grupo Luksic así como dificultades ambientales.“El proyecto es tremendamente peligroso, emplazado en la Región Metropolitana e interviene el manantial para la región que es el Cajón de Maipo, con probables consecuencias gravísimas sobre el agua, del riego y el micro clima para la zona”, explicó el experto en legislación ambiental.
“Es un proyecto que ha avanzado en su desarrollo, pero enfrenta desafíos constructivos, financieros y ambientales. La superintendencia ha fiscalizado y probablemente surjan algunas multas por una serie de incumplimientos de la empresa en la materia”, agregó.
Por lo demás, sobre el rol fiscalizador del Estado, Rendón consideró que estos proyectos son el resultado de organismos que no están cumpliendo con sus roles.
“He podido constatar en vivo y en directo cómo el sistema se vulnera todos los días en materia ambiental, con verdaderos fraudes en materia ambiental. Todo eso responde a la baja capacidad del Estado, por un lado, y por otro las pocas ganas que vemos en muchos órganos de hacer cumplir la normativa vigente”.