*Por Diego Ancalao
Los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem señalaron que un 56% de los encuestados consideró que los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía corresponden a actos terroristas, el 24% estimó que la mejor solución al conflicto mapuche es la vía judicial mediante aplicación de la Ley Antiterrorista, mientras que un 65% considera que la vía política es la solución.
Es valorable que en su última Cuenta Pública la Presidenta Michelle Bachelet se refiriera a la situación que viven los pueblos indígenas en la Novena Región, ya que esto abre la puerta y enciende la luz de esperanza por querer mejorar, avanzar y buscar caminos para terminar con un conflicto que la propia Mandataria admitió que “ha durado casi 500 años”. Por lo que nuestra petición, es solicitar una mayor atención a nuestros llamados e incluirnos en la sociedad.
Me preocupa que llegue un Gobierno que no sea progresista y no siga en la línea que nosotros estamos, porque cuando se aprobó el Convenio 169 de la OIT, la Administración de Piñera aprobó dos reglamentos del Convenio, el Decreto Nº 40 y Decreto Nº 66, que permiten que la consulta indígena no sea eficiente y que las empresas sigan llevando a cabo acciones en territorio Mapuche de proyectos hidroeléctricos, de redes eléctricas y mineros. Al final, con esos decretos, la consulta indígena queda más bien en una recopilación testimonial.
Ahora es tiempo de sacar de sus cabezas la idea de terrorismo en La Araucanía, porque se utiliza ese concepto como una forma de validar la represión. No hay que olvidar que los observadores de las Naciones Unidas encargados de evaluar la existencia o no de conflictos terroristas, han viajado a la zona, concluyendo que no existe terrorismo y no se cumple con una de las condiciones que persiguen los actos terroristas: infundir miedo, la sensación de terror, de pánico en la ciudadanía, el sentirse inseguros, tal como ocurrió, por ejemplo, en el atentado que implicó el descarrilamiento de un tren en España.
La idea, para poder prosperar en la zona y poder mirar un futuro promisorio, es tener participación política en el Poder Legislativo, que tengamos cupos parlamentarios de acuerdo a la densidad poblacional de los pueblos indígenas en Chile. Por ejemplo, el pueblo Mapuche hoy ejemplo está constituido por 1.200.000 personas, lo que implicaría tener, a lo menos, ocho diputados y cuatro senadores. Ahí, recién estaríamos hablando de representatividad.
Si se aplica la llamada ley de participación política, debiera ser de acuerdo a la densidad poblacional de los pueblos originarios, porque de lo contrario, no tendríamos mucha fuerza frente a los más de ciento y tantos parlamentarios que ya están en el Congreso.
Esto lo he repetido en varios medios de comunicación, y lo volveré a decir. Es necesario que haya un reconocimiento constitucional y que este proyecto de nueva Constitución asuma, legalmente, la existencia de los pueblos originarios como ocurre en todos los países desarrollados del mundo. Hay que sacar a los pueblos originarios del estancamiento centenario con propuestas que se concreten en el tiempo, pero cuya discusión no se eternice, y tienen que adecuarse a nuestra propia condición de pueblo.
*Diego Ancalao es activista por el pueblo Mapuche
Los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem señalaron que un 56% de los encuestados consideró que los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía corresponden a actos terroristas, el 24% estimó que la mejor solución al conflicto mapuche es la vía judicial mediante aplicación de la Ley Antiterrorista, mientras que un 65% considera que la vía política es la solución.
Es valorable que en su última Cuenta Pública la Presidenta Michelle Bachelet se refiriera a la situación que viven los pueblos indígenas en la Novena Región, ya que esto abre la puerta y enciende la luz de esperanza por querer mejorar, avanzar y buscar caminos para terminar con un conflicto que la propia Mandataria admitió que “ha durado casi 500 años”. Por lo que nuestra petición, es solicitar una mayor atención a nuestros llamados e incluirnos en la sociedad.
Me preocupa que llegue un Gobierno que no sea progresista y no siga en la línea que nosotros estamos, porque cuando se aprobó el Convenio 169 de la OIT, la Administración de Piñera aprobó dos reglamentos del Convenio, el Decreto Nº 40 y Decreto Nº 66, que permiten que la consulta indígena no sea eficiente y que las empresas sigan llevando a cabo acciones en territorio Mapuche de proyectos hidroeléctricos, de redes eléctricas y mineros. Al final, con esos decretos, la consulta indígena queda más bien en una recopilación testimonial.
Ahora es tiempo de sacar de sus cabezas la idea de terrorismo en La Araucanía, porque se utiliza ese concepto como una forma de validar la represión. No hay que olvidar que los observadores de las Naciones Unidas encargados de evaluar la existencia o no de conflictos terroristas, han viajado a la zona, concluyendo que no existe terrorismo y no se cumple con una de las condiciones que persiguen los actos terroristas: infundir miedo, la sensación de terror, de pánico en la ciudadanía, el sentirse inseguros, tal como ocurrió, por ejemplo, en el atentado que implicó el descarrilamiento de un tren en España.
La idea, para poder prosperar en la zona y poder mirar un futuro promisorio, es tener participación política en el Poder Legislativo, que tengamos cupos parlamentarios de acuerdo a la densidad poblacional de los pueblos indígenas en Chile. Por ejemplo, el pueblo Mapuche hoy ejemplo está constituido por 1.200.000 personas, lo que implicaría tener, a lo menos, ocho diputados y cuatro senadores. Ahí, recién estaríamos hablando de representatividad.
Si se aplica la llamada ley de participación política, debiera ser de acuerdo a la densidad poblacional de los pueblos originarios, porque de lo contrario, no tendríamos mucha fuerza frente a los más de ciento y tantos parlamentarios que ya están en el Congreso.
Esto lo he repetido en varios medios de comunicación, y lo volveré a decir. Es necesario que haya un reconocimiento constitucional y que este proyecto de nueva Constitución asuma, legalmente, la existencia de los pueblos originarios como ocurre en todos los países desarrollados del mundo. Hay que sacar a los pueblos originarios del estancamiento centenario con propuestas que se concreten en el tiempo, pero cuya discusión no se eternice, y tienen que adecuarse a nuestra propia condición de pueblo.
*Diego Ancalao es activista por el pueblo Mapuche
