En en su primera declaración pública tras el cierre de la indagatoria sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, también indicó que considera inapropiado comparecer ante el Congreso, a pesar de la intención de los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, de escuchar su testimonio.
“Según la política del Departamento, el presidente no puede ser acusado de un delito federal mientras esté en el cargo”, afirmó el persecutor en sus primeros comentarios a dos años de la investigación que lideró para establecer las eventuales responsabilidades del mandatario en el caso.
“Eso es inconstitucional”, resaltó el ex director del FBI, añadiendo que un fiscal especial “es parte del Departamento de Justicia y, por reglamento, está sujeto a la política de ese departamento”, expresó Mueller, para acotar luego que “inculpar al presidente de un crimen, por lo tanto, no era una opción que pudiéramos considerar”, dijo.
Agregó que “la Constitución requiere un proceso en el que no sea el sistema de justicia el que acuse formalmente a un presidente en funciones”, en lo que pareció ser una sugerencia para que una acción semejante debe recaer en el Congreso.
También reiteró que su informe sobre la interferencia de Rusia en la campaña electoral de 2016 y la presunta obstrucción de Trump a la justicia no exoneraron al presidente.
“Sería injusto acusar a alguien de un delito cuando no puede haber una resolución judicial del cargo real”, dijo.
Robert Mueller también indicó que si lo llamaban a declarar ante el Parlamento, como lo piden algunos legisladores demócratas, no diría nada más de lo que ya está incluido en el informe.