El Ministerio Público decidió cerrar sin acusaciones la investigación por el incendio que destruyó las dependencias del Centro Arte Alameda el 27 de diciembre de 2019, en el marco del estallido social.

La Fiscalía Centro Norte presentó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía informando que no perseverará en la indagatoria, “por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para formular una acusación”.

Fue en enero de 2020 cuando la directora del establecimiento, Roser Fort, ingresó una querella contra quienes resulten responsables del siniestro.

“Tenemos sospecha para pensar que aquello que inició el incendio se trata de bombas lacrimógenas de Carabineros”, indicó entonces, según constató El Mercurio.

Sin embargo, un peritaje de Bomberos determinó que no fue posible asegurar que el causante del fuego halla sido una bomba lacrimógena, sino que habría sido “un objeto no identificado, caído o arrojado en el lugar”.

Desde el centro cultural indicaron estar “sorprendidos y decepcionados” por la decisión de la Fiscalía, indicando que fue tomada “a pesar de una carpeta investigativa y numerosas evidencias recopiladas: testimonios de ‘ciudadanxs’, registro audiovisual, e incluso un informe realizado por Dictuc (Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile) en el que una bomba lacrimógena califica como un objeto incendiario”.

“Sentimos que nuestra antigua y querida sede está un poco más muerta que antes. Queremos reconstruirla y no nos detendremos”, añadieron.

En declaraciones a La Tercera, Fort denunció que “diariamente recibíamos agresiones de la policía, hay miles de testigos de cómo entraban los gases lacrimógenos al hall, cómo habíamos generado un protocolo para parar las bombas lacrimógenas que caían en el techo. Ese día fue mucho más agresivo, y hay imágenes que registraron la bomba que cayó en el techo y generó un incendio. A pesar de eso, la justicia y los fiscales decidieron no perseverar”.

Juan Pablo Hermosilla, abogado de la firma que lleva la causa, acusó en dicho medio que “este fue un ataque a este centro motivado por su actividad humanitaria, porque acá operaba un centro de atención de víctimas de la revuelta”.

“Esto fue provocando hostilidad de parte de Carabineros, y terminó con el incendio que, en nuestra opinión, hay antecedentes suficientes para acreditar que fue causado por una bomba lacrimógena, pero esa no es la opinión del sistema de justicia”, complementó el jurista.