La querella presentada contra el Presidente Sebastián Piñera, y quienes resulten responsables por presuntamente permitir la violación a los DDHH durante la crisis social, va tomando forma.
Luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible el recurso judicial, y de que el fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, se inhabilitara de llevar la investigación por su cercanía con uno de los abogados del jefe de Estado, Claudia Perivancich (jefa de la Fiscalía Regional de Valparaíso) ya comenzó a efectuar citaciones a una serie de testigos solicitados por los querellantes.
En este sentido, según asegura Ciper, los propios abogados que interpusieron la querella, pertenecientes a la Defensoría Popular, al Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y a la Cooperativa Jurídica, confirmaron que el lunes la Fiscalía les notificó el inicio de las diligencias.
El medio precisa que en la nómina están el exministro del Interior Andrés Chadwick, el general director de Carabineros Mario Rozas, y el general de División Javier Iturriaga del Campo, designado por Piñera como el jefe de la Defensa Nacional en Santiago tras decretar el estado de emergencia el 19 de octubre pasado.
De igual modo, prestarán declaración el contralmirante de la Marina Juan Andrés de la Maza, quien asumió como jefe de la Defensa Nacional en la Región de Valparaíso, y el contralmirante Carlos Huber, que ocupó mismo cargo en el Biobío, en los estados de emergencia posteriores que fue decretando el presidente.
Según remarca Ciper, la única testigo solicitada que no ha sido incluida por ahora en la nómina de citaciones es la jefa del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal (SML), Aleida Kulikoff, cuyo caso generó polémica durante la primera semana de la crisis por una presunta petición de renuncia que ella se negó a firmar (y que posteriormente el organismo salió a aclarar).
Los querellantes también pidieron oficiar a 19 instituciones públicas para recabar información, solicitud que la Fiscalía aún no ha cursado acciones, pues pidió precisar la antecedentes que se requerirán en cada caso.
Entre ellas están el Ministerio del Interior y el de Justicia, diversos centros hospitalarios, el SML, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico, entre otras organizaciones civiles y gremiales ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Específicamente, el recurso judicial acusa nueve delitos de lesa humanidad, entre ellos “homicidios”, “torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales”, y “mutilación de miembros importantes”, como la destrucción de globo ocular.
Luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible el recurso judicial, y de que el fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, se inhabilitara de llevar la investigación por su cercanía con uno de los abogados del jefe de Estado, Claudia Perivancich (jefa de la Fiscalía Regional de Valparaíso) ya comenzó a efectuar citaciones a una serie de testigos solicitados por los querellantes.
En este sentido, según asegura Ciper, los propios abogados que interpusieron la querella, pertenecientes a la Defensoría Popular, al Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y a la Cooperativa Jurídica, confirmaron que el lunes la Fiscalía les notificó el inicio de las diligencias.
El medio precisa que en la nómina están el exministro del Interior Andrés Chadwick, el general director de Carabineros Mario Rozas, y el general de División Javier Iturriaga del Campo, designado por Piñera como el jefe de la Defensa Nacional en Santiago tras decretar el estado de emergencia el 19 de octubre pasado.
De igual modo, prestarán declaración el contralmirante de la Marina Juan Andrés de la Maza, quien asumió como jefe de la Defensa Nacional en la Región de Valparaíso, y el contralmirante Carlos Huber, que ocupó mismo cargo en el Biobío, en los estados de emergencia posteriores que fue decretando el presidente.
Según remarca Ciper, la única testigo solicitada que no ha sido incluida por ahora en la nómina de citaciones es la jefa del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal (SML), Aleida Kulikoff, cuyo caso generó polémica durante la primera semana de la crisis por una presunta petición de renuncia que ella se negó a firmar (y que posteriormente el organismo salió a aclarar).
Los querellantes también pidieron oficiar a 19 instituciones públicas para recabar información, solicitud que la Fiscalía aún no ha cursado acciones, pues pidió precisar la antecedentes que se requerirán en cada caso.
Entre ellas están el Ministerio del Interior y el de Justicia, diversos centros hospitalarios, el SML, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico, entre otras organizaciones civiles y gremiales ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Específicamente, el recurso judicial acusa nueve delitos de lesa humanidad, entre ellos “homicidios”, “torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales”, y “mutilación de miembros importantes”, como la destrucción de globo ocular.
