“Se trata de antecedentes bastante preliminares, que eventualmente darían cuenta de la configuración del delito de negociación incompatible”, detalló el persecutor, quien añadió que este delito “tiene una penalidad de presidio menor o reclusión menor en su grado medio, en ese contexto estamos hablando respecto de estos hechos”.
Guzmán también explicó que, pese a la baja penalidad, “no es tan grave, sí lo es desde el punto de vista del abuso de la función pública para participar en actos, contratos, donde puede tener directo o indirecto interés el funcionario”.
La investigación involucra a los jefes de finanzas y de cargos similares de los gobiernos regionales de Los Lagos y del Biobío, del Hospital Regional de Concepción, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas.
De acuerdo a lo explicó el fiscal a cargo de la investigación, el próximo paso corresponde a “analizar los antecedentes junto con el equipo que vamos a conformar para investigar este hecho y de acuerdo a ello es que se van a disponer las primeras diligencias entre las cuales está recabar mayor información a Contraloría“.