“Estamos aquí demostrando que aún estamos disponibles a dialogar, como siempre lo hemos estado”, señalaron los fiscalizadores del ministerio de Transportes que se encuentran en paro en demanda de mejores condiciones laborales.
Cerca de un 80% de los trabajadores del área se encuentra paralizado desde el pasado 14 de septiembre, pues acusan a la cartera y a la propia ministra, Paola Tapia, de no preocuparse por su seguridad cuando realizan sus funciones en el Transantiago, el transporte ilegal y el transporte interurbano.
En esa línea, los manifestantes concurrieron a la sede de la Secretaría de Estado donde señalaron que sus demandas no son sólo económicas, sino que también buscan medidas inmediatas para mejorar el clima laboral y el resguardo de su integridad en terreno.
“Necesitamos que se comprometan a resguardar la integridad física de cada trabajador. Solicitamos que existan medidas inmediatas en caso de agresiones y/o amenazas y que se dé a conocer públicamente las sanciones que tendrán las personas que incurran en agresiones o amenazas”.
También pidieron que se establezcan medidas preventivas para el estrés laboral y que su labor como trabajadores del Estado sea reconocida como tal, a propósito de los riesgos a los que están expuestos, “otorgando una asignación por la labor realizada a cada uno de los trabajadores pertenecientes al PNF, que realicen labores en terreno”, agregan en la misiva.
Asimismo, lamentan que luego de esta movilización la ministra de Transportes tomara contacto con la organización a través de un oficio que “no dice absolutamente nada nuevo y en el cual no resuelve nuestras reales demandas”.
En tanto, en medio de la controversia, un grupo de trabajadores de la Sexta Región solicitó el apoyo del diputado UDI Issa Kort, quien comprometió su intermediación con el Gobierno.
“Creemos que es urgente que el Gobierno, y en particular la ministra Tapia, tenga la disposición de escuchar las demandas justas que están haciendo los fiscalizadores y que apuntan a dignificar su trabajo”, dijo el parlamentario.
Recordó que “hace pocas semanas, causó gran impacto el caso de una fiscalizadora del Transantiago que fue atropellada después que la empujó un sujeto que evadía el pago del pasaje. Esos son los riesgos a los que se exponen los fiscalizadores y lo que piden son mayores medidas de seguridad”, puntualizó.
En este sentido, Kort hizo un llamado al Gobierno “a generar las instancias de diálogo correspondientes, que la ministra los escuche, que se pueda crear una mesa de trabajo para abordar esta labor de manera integral. De hecho, una de las peticiones de los trabajadores es que esto deje de ser un programa y pase a ser una superintendencia o dirección, por lo tanto, hay aquí que abordar esta problemática con una perspectiva de largo plazo”.
“Como miembro de la oposición, ofrezco toda mi disposición al Gobierno para evaluar los mecanismos legislativos necesarios para dar respuestas a los trabajadores lo que, en definitiva, permitiría mejorar su calidad de vida”, finalizó.
Cerca de un 80% de los trabajadores del área se encuentra paralizado desde el pasado 14 de septiembre, pues acusan a la cartera y a la propia ministra, Paola Tapia, de no preocuparse por su seguridad cuando realizan sus funciones en el Transantiago, el transporte ilegal y el transporte interurbano.
En esa línea, los manifestantes concurrieron a la sede de la Secretaría de Estado donde señalaron que sus demandas no son sólo económicas, sino que también buscan medidas inmediatas para mejorar el clima laboral y el resguardo de su integridad en terreno.
“Necesitamos que se comprometan a resguardar la integridad física de cada trabajador. Solicitamos que existan medidas inmediatas en caso de agresiones y/o amenazas y que se dé a conocer públicamente las sanciones que tendrán las personas que incurran en agresiones o amenazas”.
También pidieron que se establezcan medidas preventivas para el estrés laboral y que su labor como trabajadores del Estado sea reconocida como tal, a propósito de los riesgos a los que están expuestos, “otorgando una asignación por la labor realizada a cada uno de los trabajadores pertenecientes al PNF, que realicen labores en terreno”, agregan en la misiva.
Asimismo, lamentan que luego de esta movilización la ministra de Transportes tomara contacto con la organización a través de un oficio que “no dice absolutamente nada nuevo y en el cual no resuelve nuestras reales demandas”.
En tanto, en medio de la controversia, un grupo de trabajadores de la Sexta Región solicitó el apoyo del diputado UDI Issa Kort, quien comprometió su intermediación con el Gobierno.
“Creemos que es urgente que el Gobierno, y en particular la ministra Tapia, tenga la disposición de escuchar las demandas justas que están haciendo los fiscalizadores y que apuntan a dignificar su trabajo”, dijo el parlamentario.
Recordó que “hace pocas semanas, causó gran impacto el caso de una fiscalizadora del Transantiago que fue atropellada después que la empujó un sujeto que evadía el pago del pasaje. Esos son los riesgos a los que se exponen los fiscalizadores y lo que piden son mayores medidas de seguridad”, puntualizó.
En este sentido, Kort hizo un llamado al Gobierno “a generar las instancias de diálogo correspondientes, que la ministra los escuche, que se pueda crear una mesa de trabajo para abordar esta labor de manera integral. De hecho, una de las peticiones de los trabajadores es que esto deje de ser un programa y pase a ser una superintendencia o dirección, por lo tanto, hay aquí que abordar esta problemática con una perspectiva de largo plazo”.
“Como miembro de la oposición, ofrezco toda mi disposición al Gobierno para evaluar los mecanismos legislativos necesarios para dar respuestas a los trabajadores lo que, en definitiva, permitiría mejorar su calidad de vida”, finalizó.
