07 Octubre 2022 11:24
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Formalizan a carabinera por revelarle información a narcotraficante a cambio de “favores sentimentales”

El “trato amoroso” entre la funcionaria y el delincuente, se realizaba mediante llamadas telefónicas que quedaron registradas, y que permitieron al Ministerio Público escuchar las peticiones que ella le realizaba para que la visitara en su casa y cumpliera con parte del trato.

Una funcionaria de Carabineros fue formalizada por cohecho agravado y violación de secreto, luego de ser descubierta coqueteando con un narcotraficante.

La investigación reveló que la carabinero le reveló información privilegiada a cambio de “favores sentimentales”, según el reportaje de Radio Biobío.

Dicho “trato amoroso” entre la funcionaria y el traficante, se realizaba mediante llamadas telefónicas que quedaron registradas, y que permitieron al Ministerio Público escuchar las peticiones que ella le realizaba para que la visitara en su casa y cumpliera con parte del trato. Por este hecho, la ahora ex policía, fue dada de baja de la institución.

Según reveló Unidad de Investigación del citado medio, los hechos se remontan a julio de 2020, cuando la imputada –Camila Cáceres Gálvez– trabajaba en la 1º Comisaría de Angol y su pretendiente, Roberto Carlos Soto Soto, se encontraba con arresto domiciliario total por tráfico de drogas.

En ese marco, Camila Cáceres lo llamaba por teléfono y le advertía en qué días y horarios irán carabineros a su casa para verificar que esté cumpliendo la medida cautelar y así pueda salir libremente a la calle, pero el teléfono del hombre estaba intervenido.

Por ello, según las escuchas al narcotraficante, este debía aprovechar aquellos días en los que los uniformados no concurrían hasta su casa para ir a visitar a la carabinera, a cambio de la información privilegiada.

Según la fiscalía, era ese momento donde se configura el delito de cohecho pasivo agravado, ya que ex funcionaria solicitó un beneficio a cambio de la entrega de información calificada como secreta.

Por este hecho, el Ministerio Público consideró que su accionar causó un grave daño para la función pública.

En particular por la administración de justicia, por ello se fijó un plazo de investigación de 60 días y se le impuso a la exfuncionaria las cautelares de arraigo nacional y firma mensual por su romance con un imputado por narcotráfico.

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