En el texto de la comisión que analizó y estableció las responsabilidades administrativas por el millonario desfalco institucional, se culpa a los generales directores José Bernales, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y hace un reproche a Bruno Villalobos.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe elaborado por la comisión investigadora relativa a las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros, que desarrolló su trabajo entre abril y noviembre de 2017. En concreto el documento acusa falta de atención en los controles internos; negligencia inexcusable en los directores de Finanzas que ocuparon el cargo entre 2006 y 2017; y les reprocha a los ex generales directores José Bernales (fallecido), Eduardo Gordon y Gustavo González no haber adoptado con diligencia las medidas tendientes a superar la falta de control imperante a nivel institucional, entre otros variados puntos. Los miembros de la instancia legislativa consideraron que en la policía uniformada se realizó un fraude de enormes proporciones, sistemático, que se mantuvo en un extenso período (al menos desde el año 2006), ejecutado por “una organización jerárquica” (según Fiscalía) que incluía funcionarios, particularmente del escalafón de intendencia, activos y en retiro, y también civiles (a la fecha 126 personas). Por otra parte, se detectó una clara ineficacia del control interno, que no fue solucionada por las autoridades de Carabineros de Chile, así como una considerable dispersión normativa en lo que se refiere a la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las diversas unidades administrativas de la institución, habrían facilitado la comisión del cuantioso fraude que afectó a la entidad, que a noviembre llegaba a los 26 mil millones de pesos y que se espera alcance los 30 mil millones de pesos. Los parlamentarios también observaron que dentro de la institución hay “una grave falta de atención a la necesidad de tener controles permanentes y dotados de la sofisticación necesaria para cautelar el buen uso de los cuantiosos recursos públicos puestos a disposición de la institución para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las buenas prácticas y estándares de administración exigibles a cualquier servicio público”. En lo que se refiere a la Dirección de Finanzas, donde los ilícitos fueron organizados y ejecutados durante 12 años, se concluyó que “los generales de intendencia a cargo de aquella no realizaron un plan efectivo de acciones para supervisar el trabajo de sus subordinados”. Se remarca que, con independencia de las eventuales responsabilidades penales, civiles o administrativas que resulten, los directores de Finanzas, entre 2006 y 2017, “son responsables de una negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones, al no establecer sistemas de control efectivos para las operaciones, particularmente del sistema de pago de remuneraciones y desahucios, entre otros”. En ese sentido se menciona a los generales que ejercieron dicho cargo, Iván Whipple y Flavio Echeverría como responsables de esta negligencia. Respecto a la subdirección general de Carabineros que ejerce el mando sobre la Dirección de Finanzas, se estima que los titulares que ocuparon dicho cargo (generales Juan Donati, Eduardo Gordon, Gustavo González, José Ortega, Carlos Carrasco y Marcos Tello) “tienen una responsabilidad jerárquica derivada del incumplimiento del deber de supervisión respecto a las labores de la Dirección Finanzas”, lo que los diputados consideraron “constituye una omisión grave”. En lo referido a la Inspectoría General y quienes ejercieron su mando desde 2006 (seis generales), los legisladores sostuvieron que “no cumplieron su deber de fiscalizar la eficiencia y eficacia de los sistemas de control y establecer procedimientos para supervisar el proceso de pago de remuneraciones, foco donde está la mayor cantidad de presupuesto de Carabineros, y por tanto, se constituye en objeto de especial control”. A los generales directores de Carabineros, desde el 2006 al 2015 (José Bernales, Eduardo Gordon y Gustavo González), “se les reprocha no haber adoptado con diligencia las medidas tendientes a superar la falta de control imperante a nivel institucional, situación que se está corrigiendo, recién a partir de la difusión del fraude, mediante la implementación del plan de reestructuración y ajuste a los sistemas de gestión y control de Carabineros”. La Comisión emitió, además, un reproche especial al ex general director Bruno Villalobos, ya que el conjunto de medidas de reestructuración fuera anunciado solo después de que los hechos fueran conocidos por la opinión pública.