Con un incremento general del 2,5% a las remuneraciones del sector público y con acuerdo con la mayoría de los gremios, ingresó este martes a trámite legislativo a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Reajuste.
La propuesta legal otorga, en concreto, un reajuste de 2,5%, a partir del 1 de diciembre de 2017 a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, de los trabajadores del sector público.
El incremento no regirá para los trabajadores del mismo sector cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo y sus normas complementarias, ni para aquellos cuyas remuneraciones sean determinadas, convenidas o pagadas en moneda extranjera.
Tampoco regirá para las asignaciones del DFL 150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ni respecto de los trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora.
El proyecto, como es ya tradicional, incluye los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, los cuales no serán imponibles ni tributables y, en consecuencia, no estarán afectos a descuento alguno.
Asimismo, contempla el beneficio de bono de escolaridad no imponible ni tributable, por cada hijo de entre cuatro y 24 años de edad, que sea carga familiar reconocida. A los funcionarios que tengan remuneraciones líquidas igual o inferior a $726.772 se entregará una bonificación adicional por cada hijo que sea objeto del derecho al bono de escolaridad.
El proyecto determina que no recibirán los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, así como el bono de escolaridad, los trabajadores cuyas remuneraciones brutas de carácter permanente, sean iguales o superiores a $2.406.689, incluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional.
Finalmente, entre otros varios puntos, se modifican las plantas de algunos servicios de salud, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de la Subsecretaría de Previsión Social; así como una autorización para incorporar personal en la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El proyecto pasó a consideración de la comisión de Hacienda y se espera su tratamiento en sala esta tarde, en sesión especial de la corporación.
La propuesta legal otorga, en concreto, un reajuste de 2,5%, a partir del 1 de diciembre de 2017 a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, de los trabajadores del sector público.
El incremento no regirá para los trabajadores del mismo sector cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo y sus normas complementarias, ni para aquellos cuyas remuneraciones sean determinadas, convenidas o pagadas en moneda extranjera.
Tampoco regirá para las asignaciones del DFL 150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ni respecto de los trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora.
El proyecto, como es ya tradicional, incluye los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, los cuales no serán imponibles ni tributables y, en consecuencia, no estarán afectos a descuento alguno.
Asimismo, contempla el beneficio de bono de escolaridad no imponible ni tributable, por cada hijo de entre cuatro y 24 años de edad, que sea carga familiar reconocida. A los funcionarios que tengan remuneraciones líquidas igual o inferior a $726.772 se entregará una bonificación adicional por cada hijo que sea objeto del derecho al bono de escolaridad.
El proyecto determina que no recibirán los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, así como el bono de escolaridad, los trabajadores cuyas remuneraciones brutas de carácter permanente, sean iguales o superiores a $2.406.689, incluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional.
Finalmente, entre otros varios puntos, se modifican las plantas de algunos servicios de salud, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de la Subsecretaría de Previsión Social; así como una autorización para incorporar personal en la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El proyecto pasó a consideración de la comisión de Hacienda y se espera su tratamiento en sala esta tarde, en sesión especial de la corporación.
