Al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no le cayó bien la demanda que interpuso la Universidad Católica contra el Estado de Chile luego de que en la Ley de Presupuesto 2017 el Ejecutivo eliminara el Aporte Fiscal Directo (AFI) mediante el cual se le entregaban recursos a los establecimientos de educación superior que captaban a los mejores resultados de la PSU.

Si bien afirmó que “evidentemente cualquier chileno o chilena, persona o institución, tiene derecho a recurrir a los tribunales como estimen conveniente”, el secretario de Estado agregó que “judicializar temas presupuestarios es de la máxima gravedad para un país”.

En tanto, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, defendió la eliminación del AFI argumentando que “es un mecanismo que ya ha demostrado tener algunas falencias para la construcción de mayor equidad en el acceso a la educación superior”.

La vocera de La Moneda añadió que “el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie de alternativas que está comunicando a las distintas instituciones de educación superior”.

En ese sentido, Narváez dijo que “esa es la información que manejamos” y que espera que dicha cartera “pueda desarrollar con mayor detalle el resto de los antecedentes que se puedan derivar de este caso”.