El 2014 la Food and Drug Administration (FDA) de EEUU, dio luz verde a la Liraglutida, un medicamento inyectable para diabéticos que en los ensayos clínicos arrojó un inusual efecto secundario en la quema de grasas. Desde entonces, se ha popularizado el tratamiento entre quienes desean bajar de peso por sobre los enfermos de diabetes tipo 2. Si bien en Chile es comercializado bajo el nombre de Victoza y Saxenda, precisamente para tratar la diabetes, el ISP alertó sobre su mal uso como alternativa para tratar la obesidad. Ambas marcas tienen autorización para su venta en Chile, pero sólo con la presentación de una receta médica. El Instituto de Salud Pública advirtió contra este uso no recomendado de los medicamentos que ponen en riesgo la vida de las personas que usan atajos para bajar de peso. En particular contra los peligros de la automedicación de la Liraglutida. “Estos medicamentos tienen como condición de venta la presentación de una receta médica, pero están siendo utilizados para bajar de peso, en una indicación diferente a la aprobada en el caso del primero, y sin el acompañamiento profesional adecuado en el caso de ambos”, describe en su portal web. Estos inyectables subcutáneos pueden encontrarse de manera libre en sitios de compra y venta por internet donde se destacan sus características metabólicas por sobre el auténtico uso médico contra la diabetes. Este tipo de distribución hace más difícil su fiscalización y el control de quienes puedan sufrir efectos secundarios. En su presentación comercial, la fórmula ha sido catalogada por la FDA como riesgosa para quienes la usan por su cuenta ya que sus graves efectos secundarios reportados son pancreatitis, enfermedades de la vesícula biliar, insuficiencia renal, pensamientos suicidas, náuseas, diarrea, dolor abdominal y gastritis. También se han registrado otras dolencias derivadas como obstrucción intestinal, pancreatitis necrosante, insuficiencia renal o incluso infartos cardíacos. El jefe del Subdepartamento de Farmacovigilancia del ISP, Juan Roldán, agrega que “cuando un medicamento se usa inapropiadamente por muchas personas, este uso indiscriminado podría obligar a la autoridad sanitaria a modificar la condición de venta o retirar el medicamento, perjudicando a los pacientes que de verdad podrían beneficiarse de él, puesto que ya no lo tendrán disponible”, estima.