Texto que demoró varias horas en ser sancionado por los diputados miembros concluye que la firma de la nuera de la Presidenta era una empresa dedicada al lobby y que gracias a sus contactos obtuvo ganancias por sobre la media.

“Las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permite acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de Natalia Compagnon”, es una de las principales conclusiones que contiene el informe de la comisión Caval 2, que este martes concluyó su actividad en el Congreso.

Tras una larga jornada de debate, la instancia encargada de establecer las responsabilidades políticas de quienes siendo funcionarios de Gobierno o parientes de la Presidenta Michelle Bachelet estuvieron involucrados en la operación financiera y comercial que permitió la compra y venta de terrenos en Machalí por parte de firma de la que es socia la nuera de la Mandataria, emitió su resolución consensuada entre los miembros del oficialismo y la oposición.

El documento señala que ese accionar “se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y Andrónico Luksic, situación que debe ser debidamente investigada y resuelta por el Ministerio Público dentro del marco del proceso penal correspondiente”.

También el texto precisa que Caval “más que ser una empresa con un giro y experticia en particular, o con un currículo y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones curriculares y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de Lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicada justamente en sus vínculos y conexiones político- públicas que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares, abocadas a tareas parecidas”.

BORRADOR DEL INFORME INCLUÍA A BACHELET

Un factor que demoró en concluir la redacción y firma del documento fue la mención que se hacía a la jefa de Estado por no tomar medidas o referirse a la permanencia del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, quien declaró en la primera comisión del caso que tuvo una cita con Juan Díaz Sepúlveda, asesor del síndico de quiebras, Herman Chadwick, estos últimos imputados en el caso.

“Resulta necesario censurar la permanencia del señor Cristián Riquelme Urra en el cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, habida consideración del nivel de conocimiento que dicho personero pueda haber tenido del nexo del señor Juan Díaz Sepúlveda con las actuaciones que son investigadas por la comisión y la ausencia de un reporte a sus autoridades respecto de la realización de la aludida audiencia, situaciones que están revestidas de la mayor gravedad”, dice el texto.

En tal sentido, el titular de la instancia investigadora, diputado Gabriel Silber (DC), propuso agregar un párrafo que alude directamente a ella: “Cabe hacer presente que hasta el día de hoy la Presidenta de la Republica, no se ha pronunciado acerca de la permanencia del director de administración de La Moneda, señor Cristian Riquelme, quien todavía ejerce su cargo pese a lo dicho precedentemente, ni ha instruido procedimiento disciplinario alguno a su respecto”.

No obstante ello, su par socialista Osvaldo Andrade y otros parlamentarios de la Nueva Mayoría se opusieron a esa mención pidiendo que se modificara la palabra “Presidenta de la Republica”, por “Gobierno”, lo que finalmente apoyó la comisión que deberá remitir el texto a la Sala para su evaluación.