Ezio Costa Cordella, profesor de Derecho UChile y director ejecutivo de ONG FIMA.
La innovación es una herramienta indispensable para la transición ecológica. La búsqueda de nuevas formas de producción, de fuentes de energía de bajo impacto ambiental, y la modificación de los patrones de consumo, son parte de las condiciones que harán posible avanzar el cambio de perspectiva necesario.
Una parte de esa innovación, a la que se presta mucha atención, tiene que ver con la creación de nuevos productos “verdes”, que sustituyan a aquellos que hoy utilizamos y tienen una huella ambiental más profunda. Una de las razones por la que dicho tipo de innovación genera más atención, es porque los beneficios económicos de corto plazo son más evidentes y apropiables y hay mayor simplicidad en términos regulatorios y de gestión. Lamentablemente, al reiterarse las mismas lógicas de producción y consumo, pero con nuevos materiales, se hace muy difícil imaginar una salida a la crisis que vivimos.
En efecto, actividades especialmente relevantes de esta transición como son la explotación del litio o la generación de hidrógeno verde, que pueden generar beneficios económicos, no logran dar luces sobre cómo nos ayudarán a recuperar el daño ambiental que se ha producido al territorio del país o a adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas, cuestiones que resultarían muy relevantes a la hora de pensar en una transición que sea justa.
Parte de la idea de transición justa, es precisamente que la acción climática no se centre solamente en la producción de nuevos bienes y servicios de menor impacto, sino también pensar en innovaciones que miren más bien a las necesidades de adaptación y recuperación ambiental. En estos espacios hay muy pocos incentivos para que se generen actividades privadas y la distribución de los perjuicios es altamente desigual, de suerte de que las personas en situaciones más vulnerables son quienes reciben la mayoría de los perjuicios.
Así, al momento de pensar nuevas industrias para Chile, debiera también pensarse como ellas generarán mayores ingresos para el país y para las regiones en que se instalen, a la vez que sustituyan actividades de mayor impacto. Un ejemplo claro de esto podría ser la generación de una industria de Hidrógeno Verde en Magallanes, donde un plan de transición justa debiera contener también un desescalamiento de la industria salmonera, al menos retirando los procesos productivos que hoy se llevan en áreas protegidas o altamente sensibles.
Adicionalmente, la restauración y recuperación de ecosistemas aparecen como un horizonte necesario, pero económicamente poco reflexionado. Mientras que existen algunos planes públicos para realizar estas actividades, ello no se ha traducido en reflexionar sobre cómo estos esfuerzos pueden ser economicamente sustentables y en este punto es importante pensar también quienes se verían más beneficiados económicamente por las mejoras en la naturaleza. Por ejemplo, bosques más cuidados en las cuencas, asegurarían una mayor y más estable provisión de agua, que beneficia especialmente a quienes tienen derechos de aguas y que hoy no pagan nada por el uso de dicho bien común.
Un proceso de transición justa podría incorporar una tasa para los derechos de aguas, que se utilice precisamente en proteger los ecosistemas que permiten un mejor funcionamiento de los ciclos hídricos, generando beneficios tanto para quienes tienen esos derechos de aprovechamiento, como para todo el resto de los habitantes de la cuenca.
Hablar de innovación para la acción climática no sólo tiene que ver con la generación de nuevas tecnologías, sino que también, como en los ejemplos, con crear nuevas políticas y regulaciones que nos permitan superar la crisis climática y ecológica a través de un proceso de transición justa.
Ezio Costa Cordella, profesor de Derecho UChile y director ejecutivo de ONG FIMA.
